La Misión de Determinación de Hechos de la ONU ha expresado su preocupación por la situación en Venezuela tras las elecciones presidenciales. El organismo, presidido por Marta Valiñas, ha pedido al gobierno de Nicolás Maduro que investigue las 23 muertes ocurridas durante las manifestaciones del 29 y 30 de julio, que rechazaban los resultados electorales anunciados por el Consejo Nacional Electoral (CNE).
Según el comunicado emitido el 12 de agosto, la misión ha registrado 23 fallecimientos, principalmente por disparos de armas de fuego, entre el 28 de julio y el 8 de agosto. La mayoría de las víctimas eran hombres menores de 30 años. Valiñas enfatizó que, de confirmarse el uso abusivo de la fuerza letal por parte de los cuerpos de seguridad y la participación de civiles armados con su connivencia, los responsables deben rendir cuentas y las víctimas y sus familiares deben obtener justicia.
La misión también ha alertado sobre la detención de más de cien niños y adolescentes, quienes han sido imputados por los mismos crímenes que los adultos, sin contar con la presencia de sus padres o tutores durante las actuaciones judiciales. Esto forma parte de un patrón más amplio de detenciones arbitrarias que la misión ha identificado.
Según el análisis de la misión, al menos 1260 personas fueron detenidas desde el 28 de julio, incluyendo 160 mujeres. La mayoría de las detenciones se produjeron en el Distrito Capital (18%), seguido de los estados de Carabobo (16%) y Anzoátegui (9%). El Fiscal General de la República ha elevado esta cifra a 2200 personas, calificándolas indiscriminadamente como «terroristas».
La misión ha identificado elementos comunes en estas detenciones que las convierten en arbitrarias y constituyen graves violaciones al debido proceso. Estos incluyen audiencias telemáticas sumarias llevadas a cabo por Tribunales con competencia en terrorismo de Caracas, aunque los hechos hayan ocurrido en otro lugar, y la imputación de graves cargos penales como terrorismo, conspiración y delitos de odio, sin una base probatoria que lo fundamente o aplicados de forma desproporcionada.
El organismo de la ONU ha instado al gobierno a detener la «creciente represión» que se desató tras las elecciones. Según la misión, las protestas en la calle y en redes sociales en las semanas posteriores a las elecciones dieron paso a «una feroz represión por la maquinaria del Estado, dirigida por sus más altas autoridades, creando un clima de temor generalizado».
