La Unión Europea ha finalizado una legislatura caracterizada por un intenso enfoque en la lucha contra la inmigración ilegal. Este periodo culminó con la aprobación de un nuevo pacto de Migración y Asilo, que busca corregir errores del pasado y establecer un sistema de gestión migratoria más efectivo y justo.
Reforma del Pacto de Migración y Asilo
El Parlamento Europeo dio luz verde al nuevo pacto en abril, después de tres años de arduas negociaciones. Este acuerdo intenta aprender de la crisis migratoria de 2015, cuando Europa se vio abrumada por la llegada masiva de refugiados sirios y la política de puertas abiertas de la entonces canciller alemana, Angela Merkel. La nueva normativa pretende endurecer las condiciones de acceso al territorio europeo y establecer un sistema de «solidaridad a la carta». Sin embargo, hay dudas sobre si estas medidas serán suficientes para afrontar las problemáticas actuales.
Quince países europeos, que incluyen desde el gobierno socialdemócrata de Mette Frederiksen en Dinamarca hasta el de Giorgia Meloni en Italia, han firmado una carta solicitando la creación de centros de procesamiento de migrantes en terceros países. Esta propuesta sigue el ejemplo del Reino Unido, que ha establecido un acuerdo con Ruanda, y de Italia, que ha firmado un acuerdo similar con Albania. Sin embargo, esta medida no está contemplada en el pacto actual y no ha sido apoyada por Alemania, Francia y España.
El nuevo acuerdo busca acelerar los retornos de inmigrantes considerados ilegales mediante la creación de centros específicos en las fronteras europeas. Estos centros se encargan de gestionar las demandas de asilo, pero no deben ser comparados con cárceles, según el Parlamento Europeo. No obstante, organizaciones de derechos humanos han criticado estas medidas, acusando a los partidos tradicionales de adoptar la retórica de la extrema derecha.
Las personas interceptadas en las fronteras o rescatadas en alta mar serán identificadas mediante datos biométricos y se les realizarán chequeos médicos y de seguridad. Este proceso no debe durar más de siete días e incluirá a niños a partir de los seis años, garantizando el respeto a sus derechos. La creación de una base de datos común permitirá a las autoridades europeas saber si un solicitante ha pedido asilo anteriormente en otro país de la UE. Todos los migrantes tendrán derecho a asesoramiento legal, y los menores contarán con un tutor adulto.
Solidaridad obligatoria a la carta
Para superar el sistema de cuotas obligatorias de 2015, se ha implementado una «solidaridad obligatoria pero a la carta». Los países que no deseen acoger migrantes deberán contribuir a un fondo común europeo, cuya recaudación se destinará a los países que sí los reciban. Se espera que este sistema permita distribuir a 30,000 solicitantes de asilo anualmente y que las contribuciones financieras alcancen los 600 millones de euros.
Modernización del Protocolo de Dublín
El pacto también moderniza el Protocolo de Dublín, que tradicionalmente ha colocado la responsabilidad de tramitar las solicitudes de asilo en los países de primera línea. Aunque este principio se mantiene, se considerarán otros factores para elegir el Estado encargado de procesar la solicitud, como la presencia de familiares de primer grado, estudios cursados o dominio del idioma en el país de destino. Esto busca aliviar la carga de los países del sur de Europa.
Uno de los puntos más controvertidos del pacto es la activación de un mecanismo de emergencia para situaciones de llegadas masivas de migrantes. En casos en que un país se vea desbordado, podrá solicitar a la Comisión Europea la activación de mecanismos de solidaridad. Algunas categorías de solicitantes de asilo, como los provenientes de países en guerra, podrán recibir protección prioritaria. Quedan excluidas de este mecanismo las ONG que realizan rescates en alta mar.
