En los últimos años, Europa ha sido testigo de una serie de ataques a la independencia judicial que ponen en riesgo los fundamentos del Estado de derecho en varios países del continente. Estos ataques, que varían desde reformas legales controvertidas hasta presiones directas sobre jueces, han suscitado preocupaciones entre organizaciones internacionales, defensores de los derechos humanos y ciudadanos comprometidos con la democracia.
Los casos más alarmantes
Polonia, Hungría y España se encuentran en el centro de la tormenta. En Polonia, el gobierno del partido Ley y Justicia (PiS) ha implementado una serie de reformas judiciales desde 2015 que, según críticos, socavan gravemente la independencia del poder judicial. Entre estas reformas se incluye la creación de una cámara disciplinaria en el Tribunal Supremo, acusada de ser utilizada para amedrentar y sancionar a jueces que emitan fallos contrarios a los intereses del gobierno. La Unión Europea ha iniciado procedimientos legales contra Polonia, argumentando que estas medidas violan los principios básicos del Estado de derecho.
En Hungría, bajo el liderazgo de Viktor Orbán y su partido Fidesz, se ha observado un patrón similar. El gobierno ha sido acusado de manipular el sistema judicial para consolidar su poder. La reestructuración de los tribunales y el nombramiento de jueces leales al gobierno han despertado alarmas tanto a nivel nacional como internacional. La Comisión Europea ha iniciado varios procedimientos de infracción contra Hungría, señalando preocupaciones sobre la falta de independencia judicial y el deterioro de los derechos democráticos.
En España, la independencia judicial también ha sido tema de intenso debate. El gobierno español ha propuesto cambios en el sistema de nombramiento de jueces, lo que ha generado una profunda polarización. La reforma propuesta busca modificar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el órgano encargado de nombrar a los jueces, para reducir el control que los partidos políticos ejercen sobre él. Sin embargo, críticos de la oposición han denunciado que estos cambios podrían permitir al gobierno actual influir indebidamente en el poder judicial.
La Asociación Profesional de la Magistratura (APM) calificó de «auténtico atropello constitucional» las declaraciones del presidente Pedro Sánchez sobre la revisión de las competencias del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para nombrar magistrados. Sánchez anunció esta propuesta tras lanzar un ultimátum al Partido Popular para renovar el CGPJ. La APM rechazó la medida, acusando al Gobierno de intentar interferir en la independencia judicial y urgió a un diálogo político para cumplir con los mandatos constitucionales.
Reacciones y respuestas internacionales
Las acciones de Polonia y Hungría han provocado una fuerte reacción de la Unión Europea y otras organizaciones internacionales. El Parlamento Europeo ha adoptado resoluciones condenando las medidas tomadas por estos gobiernos y ha instado a la Comisión Europea a utilizar todos los medios disponibles para garantizar el respeto del Estado de derecho. La Comisión Europea ha activado el Mecanismo del Estado de Derecho, una herramienta diseñada para monitorear y abordar los problemas relacionados con la independencia judicial, la corrupción y la libertad de prensa en los Estados miembros.
Además, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha emitido varias sentencias en contra de Polonia y Hungría, obligando a estos países a revertir algunas de sus reformas más controvertidas. No obstante, ambos gobiernos han mostrado resistencia a acatar estas decisiones, argumentando que las reformas son necesarias para mejorar la eficiencia y combatir la corrupción dentro del sistema judicial.
Por el lado de España, la Comisión Europea, por su lado, se encuentra ya cansada de tener que incluir en su informe de situación los problemas en la renovación del CGPJ, un grave problema en la Justicia que se ve manchado por unas negociaciones desiguales y caóticas en las que se mezclan la política europea con la nacional.
El papel de la sociedad civil y los medios de comunicación
La sociedad civil y los medios de comunicación han jugado un papel crucial en la defensa de la independencia judicial. Manifestaciones masivas en Polonia y Hungría han demostrado que muchos ciudadanos están dispuestos a luchar por la preservación del Estado de derecho. Organizaciones no gubernamentales, abogados y jueces han formado coaliciones para resistir los intentos de politizar el sistema judicial.
