En un comunicado conjunto, los ministros de Exteriores del G7 (Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Reino Unido y Estados Unidos), junto con el Alto Representante de la Unión Europea, han declarado la “falta de legitimidad democrática” de este nuevo mandato, aludiendo a presuntas irregularidades en las elecciones del pasado 28 de julio, denunciadas por la oposición venezolana. Paralelamente, un grupo de países latinoamericanos entre ellos Chile, Perú, Ecuador, Uruguay y Paraguay han expresado su rechazo a la investidura de Maduro, pidiendo respeto a la voluntad popular que, a su juicio, dio la victoria al opositor Edmundo González Urrutia.
Pronunciamiento del G7
En su nota oficial, los integrantes del G7 lamentan la “continua y represiva búsqueda del poder por parte de Maduro a expensas del pueblo venezolano”. Condenan, además, los abusos contra la oposición y subrayan que el exilio del candidato opositor Edmundo González pone de relieve la “necesidad urgente de un entorno político que facilite la participación democrática sin temor a represalias”. Los ministros de Exteriores del grupo insisten también en la preocupación mundial por la situación de los Derechos Humanos en Venezuela. Señalan casos de detenciones arbitrarias de activistas, jóvenes y civiles tras las protestas que se han extendido más allá de la jornada electoral. En este sentido, el G7 hace un llamado a favor de una transición pacífica negociada entre las fuerzas políticas venezolanas, de manera que se respete “la voluntad democrática del pueblo manifestada en las elecciones de julio”.
A la condena del G7 se han sumado diversos países de la región. Desde Perú, la presidenta Dina Boluarte calificó la toma de posesión de Maduro de “fraudulenta” y anunció que su Gobierno “no lo reconoce como presidente” de Venezuela. En la misma línea, Paraguay ha manifestado su “firme apoyo” al candidato opositor Edmundo González y ha exigido el respeto a los Derechos Humanos y la liberación de presos políticos.
El Ministerio de Exteriores de Ecuador censuró de forma contundente el “irrespeto de la voluntad popular” por parte de las autoridades venezolanas, lamentando la deriva “dictatorial” de la nación caribeña. Chile, por su parte, a través de su Cancillería, reiteró que las elecciones del 28 de julio “carecieron de los más mínimos estándares de transparencia e integridad” y subrayó la falta de “legitimidad democrática” en la investidura de Maduro. Uruguay, por último, consideró que “el régimen autoritario” se mantiene en el poder al margen de la legitimidad popular, al tiempo que solicitó el cese de la represión y la liberación de los detenidos de manera arbitraria.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, también cuestionó la legitimidad de los comicios de julio, argumentando que se llevaron a cabo “bajo un bloqueo económico” que impide su consideración como elecciones “libres”. Petro abogó por retomar el diálogo político en Venezuela y levantar las sanciones para posibilitar unas futuras votaciones con todas las garantías democráticas.
En la misma línea, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, lamentó que se haya revalidado el poder de Maduro en lo que califica como “un régimen de facto”. Subrayó, además, que la persecución política, la tortura y el encarcelamiento de opositores “continúan reproduciéndose en la impunidad dictatorial”.
