El gobierno de Nicolás Maduro ha intensificado la represión utilizando la VenApp para denunciar a manifestantes opositores. Esta medida, anunciada el 30 de julio, profundiza la falta de Estado de derecho y reduce las garantías de defensa para los ciudadanos.
Maduro instó a sus seguidores a denunciar a aquellos que consideren que han «agredido al pueblo». Según defensores de derechos humanos, esto podría aumentar las denuncias falsas y las detenciones arbitrarias. La iniciativa se lanzó tras las protestas contra los resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio, en las que Maduro fue declarado ganador por el CNE.
El gobierno de Nicolás Maduro ha afirmado que detendría a todos los manifestantes involucrados en actos vandálicos. Sin embargo, se han reportado que muchas detenciones han sido de ciudadanos que no participaron en las marchas antigubernamentales.
¿Qué es y de dónde salió VenApp?
Desde 2022, el gobierno de Nicolás Maduro utiliza la VenApp para gestionar denuncias y solicitudes del pueblo, con el objetivo de avanzar en la transición al socialismo. La aplicación permite a los usuarios presentar denuncias, adjuntar fotos y proporcionar ubicación geográfica sobre problemas o solicitudes.
Según el portal del Ministerio de Economía, Finanzas y Comercio Exterior, VenApp también se presenta como una herramienta para superar los impactos de sanciones financieras impuestas por Estados Unidos. Maduro anunció la medida para enfrentar un supuesto plan «insurreccional» de la oposición, alegando que la aplicación ayudará a mantener la paz en el país.
Marysabel Rodríguez, investigadora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), advierte que la decisión de Nicolás Maduro de usar la VenApp para denunciar a manifestantes refleja una radicalización de la criminalización. Rodríguez señala que esto permite que cualquier persona acuse a otra sin justificación legal, promoviendo una forma de intimidación hacia quienes se oponen al gobierno. La medida, según Rodríguez, representa una grave ausencia de garantías, creando un ambiente donde la población se enfrenta a sí misma en un contexto de represión.
Se repite un patrón conocido: el uso de recursos e infraestructura pública para criminalizar a la oposición política. Rodríguez destaca que se está aplicando de manera parcial e interesada para estigmatizar a quienes se oponen al gobierno.
Eliminar la privacidad proporcionando datos muy sensibles
Rodríguez afirma que, aunque aplicaciones han sido usadas antes para criminalizar contenidos (como mensajes en WhatsApp), esta es la primera vez que una aplicación diseñada para reportar fallas de servicios públicos se transforma en una herramienta represiva y que compromete la privacidad de las personas al usar información sensible como la ubicación geográfica. La experta subraya que este uso de la VenApp intensifica la situación de indefensión que ya existía, agravando la vulnerabilidad de la población frente a la represión.
Tras el anuncio de Nicolás Maduro, la VenApp fue aparentemente bloqueada en PlayStore y AppStore por políticas contra contenidos de odio. Sin embargo, comenzaron a circular enlaces en Telegram para identificar a supuestos «guarimberos«, publicando fotos de ciudadanos acusados de actos vandálicos. La Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) también empezó a recibir denuncias sobre amenazas y ataques en redes sociales.
Mariví Marín Vásquez, directora de ProBox, destaca que esta medida forma parte de una escalada represiva y que el gobierno de Maduro está utilizando la VenApp para intimidar a la ciudadanía, exponiendo a las personas a riesgos mayores y profundizando la división social. Rodríguez y Vásquez coinciden en que la medida es un intento de silenciar la oposición y que la represión se está intensificando, afectando gravemente los derechos civiles.
El 31 de julio, el fiscal general Tarek William Saab informó que se habían detenido 1.062 personas en relación con las manifestaciones contra los resultados de las presidenciales. Saab desafió a organismos internacionales a que no consideren a estos detenidos como «presos de conciencia» y afirmó que no habrá clemencia para quienes sean considerados responsables de delitos, aunque no descartó la liberación de algunos si se determina su inocencia. Aún con todo, advirtió que aquellos que sean hallados» responsables «enfrentará largas penas de prisión.
Andrés Azpúrua critica que los canales creados por el gobierno para denunciar a los opositores amplían la identificación y exposición de datos personales. Esto representa un incremento en la vigilancia sobre quienes ejercen su derecho a protestar o expresar desacuerdo con el gobierno. El experto en seguridad digital considera que este enfoque represivo es una evolución de las tácticas anteriores del gobierno y subraya que está agravando la situación de los derechos humanos, permitiendo a la ciudadanía observar en tiempo real cómo se intensifica la represión.
