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14 Jun 2024
14 Jun 2024
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La nueva Inmobiliaria Okupa en Villa de Vallecas

La situación en Villa de Vallecas refleja un problema mayor en las políticas de vivienda y gestión de activos en España.

En el corazón de Villa de Vallecas, un barrio de Madrid. Un hombre, conocido como ‘El Canario’, ha convertido la okupación ilegal en un lucrativo negocio, arrendando propiedades ajenas desde antes de la pandemia. Aprovechando la quiebra de la empresa propietaria de los pisos y su posterior transferencia a la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), ‘El Canario’ ha estado tirando puertas y cambiando cerraduras para alquilar viviendas de forma clandestina.

Los mensajes de protesta, como “Okupas fuera” y “Sareb, soluciones ¡ya!”, decoran ventanas y balcones. Sin embargo, la angustia no cesa, y muchos vecinos aún viven con el temor de que sus puertas sean forzadas en cualquier momento.

‘El Canario’, junto a un cómplice, alquila estos pisos okupados a precios que van desde 300 hasta 500 euros al mes. La estafa se hizo evidente cuando la policía acudió a la urbanización tras una alerta por intento de robo. En esa intervención, ‘El Canario’ admitió dedicarse al alquiler ilegal de apartamentos, lo que reveló la magnitud de su operación.

La convivencia se ha deteriorado gravemente. Fiestas ruidosas, actividades delictivas como prostitución y manipulación ilegal del suministro eléctrico han convertido la vida en la urbanización en una pesadilla constante. Carmen, una vecina, ha sufrido insomnio y problemas de salud mental debido a la situación: «He estado en tratamiento psiquiátrico».

Ante la falta de acción efectiva, los vecinos han decidido manifestarse y exigir soluciones a la Sareb. De las 126 viviendas, 28 son propiedad de esta empresa pública, de las cuales 10 están vacías y 18 están bajo evaluación por la vulnerabilidad de sus ocupantes.

La Sareb ha informado que estos activos forman parte de un largo proceso judicial y que no pudieron inscribir las viviendas en el registro hasta febrero de este año. Desde entonces, han iniciado procedimientos para evaluar la vulnerabilidad de los okupas. Aún no se ha llevado a cabo ningún desahucio, pero se prevén acciones en los próximos meses para aquellos que no cumplan con los criterios de vulnerabilidad.

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