En el corazón de Villa de Vallecas, un barrio de Madrid. Un hombre, conocido como ‘El Canario’, ha convertido la okupación ilegal en un lucrativo negocio, arrendando propiedades ajenas desde antes de la pandemia. Aprovechando la quiebra de la empresa propietaria de los pisos y su posterior transferencia a la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), ‘El Canario’ ha estado tirando puertas y cambiando cerraduras para alquilar viviendas de forma clandestina.
Cada martes y jueves a las 20 horas, los vecinos de la urbanización situada en la calle de El Yesero salen con cacerolas y pitos para protestar. Este ruido ensordecedor busca poner de manifiesto su situación: más de tres años de miedo y tensión debido a la okupación de 18 de las 126 viviendas de la comunidad. Mari Ángeles, una residente afectada, expresa su desesperación: «Nos amenazan y ponen nuestra vida en peligro con obras sin ningún tipo de control».
Los mensajes de protesta, como “Okupas fuera” y “Sareb, soluciones ¡ya!”, decoran ventanas y balcones. Sin embargo, la angustia no cesa, y muchos vecinos aún viven con el temor de que sus puertas sean forzadas en cualquier momento.
‘El Canario’, junto a un cómplice, alquila estos pisos okupados a precios que van desde 300 hasta 500 euros al mes. La estafa se hizo evidente cuando la policía acudió a la urbanización tras una alerta por intento de robo. En esa intervención, ‘El Canario’ admitió dedicarse al alquiler ilegal de apartamentos, lo que reveló la magnitud de su operación.
La convivencia se ha deteriorado gravemente. Fiestas ruidosas, actividades delictivas como prostitución y manipulación ilegal del suministro eléctrico han convertido la vida en la urbanización en una pesadilla constante. Carmen, una vecina, ha sufrido insomnio y problemas de salud mental debido a la situación: «He estado en tratamiento psiquiátrico».
Ante la falta de acción efectiva, los vecinos han decidido manifestarse y exigir soluciones a la Sareb. De las 126 viviendas, 28 son propiedad de esta empresa pública, de las cuales 10 están vacías y 18 están bajo evaluación por la vulnerabilidad de sus ocupantes.
La Sareb ha informado que estos activos forman parte de un largo proceso judicial y que no pudieron inscribir las viviendas en el registro hasta febrero de este año. Desde entonces, han iniciado procedimientos para evaluar la vulnerabilidad de los okupas. Aún no se ha llevado a cabo ningún desahucio, pero se prevén acciones en los próximos meses para aquellos que no cumplan con los criterios de vulnerabilidad.
