Ningún ciudadano en España, incluyendo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su esposa, Begoña Gómez, se encuentra desamparado ante las presuntas noticias falsas. Sin embargo, un proceso judicial contra la esposa del jefe del Ejecutivo por un posible delito de tráfico de influencias ha generado interés público y, por ende, interés informativo, dada su relevancia y su conexión, aunque no posea un cargo público.
La controvertida carta del presidente
Según tres juristas consultados, esto se confirma ante la controversia surgida por la «carta a la ciudadanía» de Pedro Sánchez, donde critica un presunto acoso mediático que ha denominado como la «máquina del fango». El objetivo es determinar si los derechos del presidente y su esposa están siendo vulnerados por estas prácticas atribuidas a medios impresos, digitales o audiovisuales.
La Constitución recoge la libertad de expresión y prensa
La libertad de expresión y de prensa está consagrada en la Constitución española desde hace más de 40 años, según explica Efrén Díaz, abogado del Bufete Mas y Calvet. Esta libertad implica que los medios de comunicación tienen el derecho a informar y expresar opiniones sin censura previa, aunque con ciertas restricciones. Respecto a la supuesta «libertad de difamación» mencionada por el líder socialista, el experto alude a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional (TC), señalando que en España no se reconoce un supuesto «derecho al insulto» o «libertad de difamación», ya que no debe confundirse con la crítica constructiva o la libertad de expresión.
No son derechos absolutos
El control de las libertades individuales cuando son vulneradas en los medios recae en el Poder Judicial, explica Álvaro San Martín, socio del Bufete Casadeley, quien destaca que el derecho a la libertad de prensa no es absoluto y cede en favor del honor personal si este se ve injustamente afectado.
Un sistema jurídico que ampara a los ciudadanos
En el caso de Begoña Gómez, cuenta con las mismas garantías procesales que ofrece el sistema judicial español a todos los ciudadanos, como el derecho a la asistencia legal, a la defensa, a la confidencialidad y a participar en las diligencias judiciales. Si lo desea, puede colaborar con la investigación judicial y solicitar el sobreseimiento de las actuaciones si considera que no existen pruebas suficientes en su contra.
Interés general por la figura de su marido
La relevancia pública del personaje afectado es un factor determinante. Si bien Begoña Gómez no ostenta un cargo público, su caso presenta interés general debido a su relación con el presidente del Gobierno. El Tribunal Supremo establece requisitos para que el derecho a la información prevalezca sobre el derecho al honor, como la veracidad de la noticia y un tono correcto en su presentación. En este contexto, la información sobre el proceso judicial de Gómez podría considerarse noticiable debido a su potencial implicación en el aprovechamiento de su condición de esposa del jefe del Ejecutivo.
