El juez Juan Carlos Peinado ha rechazado la solicitud del ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, de declarar por escrito como testigo en la causa que investiga a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno. Sin embargo, ha accedido a que la comparecencia, prevista para las 10:30 horas del 16 de abril, se lleve a cabo en Moncloa en lugar del Ministerio de Justicia.
Según una providencia a la que ha accedido Europa Press, Bolaños pidió por “correo ordinario” acogerse al artículo 412.2.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que permite a los miembros del Gobierno testificar por escrito sobre hechos conocidos por razón de su cargo.
No obstante, el titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid ha desestimado su solicitud al considerar que el artículo invocado no es aplicable. Peinado explica que Bolaños ha sido citado en calidad de su anterior cargo como secretario general de la Presidencia, y no como ministro, por lo que debe acogerse al artículo 412.3, que establece que, en estos casos, la declaración debe realizarse en su domicilio o despacho oficial.
En consecuencia, el juez ordena que Bolaños testifique de forma oral en la fecha establecida. No obstante, el ministro argumentó, con un informe “supuestamente” elaborado por su jefe de escoltas, que declarar en su despacho del Ministerio de Justicia, en el centro de Madrid, podría generar problemas de seguridad y molestias a los ciudadanos, por lo que solicitó hacerlo en Moncloa.
Peinado reprocha a Bolaños que “el titular del Ministerio de Justicia, como Notario Mayor del Reino, pretenda justificar una petición en un informe carente de firma y, por tanto, sin persona identificada alguna”, considerando esta justificación “cuando menos, extraña”.
Pese a sus críticas, el juez ha accedido a que la declaración se realice en Moncloa, siempre que se garantice la facilidad de acceso al vehículo judicial y que el Ministerio facilite un vehículo oficial para el traslado. Asimismo, recuerda que, en una declaración previa de Pedro Sánchez en julio, la comisión judicial sufrió demoras en el acceso al complejo presidencial y riesgos para su integridad debido a la presencia de numerosas personas en los alrededores.
Por ello, da un plazo de cinco días a Bolaños para que confirme las condiciones logísticas de su comparecencia.
El delito de malversación
En el auto por el que citó a Félix Bolaños como testigo, el juez Juan Carlos Peinado señaló la posible existencia de un delito de malversación en la contratación de Cristina Álvarez, asesora de Begoña Gómez, por parte de Moncloa. Si finalmente decide investigar este nuevo delito, se sumaría a los ya en curso: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca e intrusismo laboral.
Peinado tomó esta decisión tras imputar a Álvarez. La asesora compareció inicialmente como testigo el 20 de diciembre, cuando reconoció haber enviado varios correos electrónicos relacionados con la actividad privada de Gómez, explicando que su nombramiento tenía como objetivo asistir a la esposa del presidente tanto en asuntos oficiales como personales.
Posteriormente, el juez la citó nuevamente el 26 de febrero, esta vez en calidad de investigada. En esa ocasión, Álvarez negó haber realizado gestiones con la Universidad Complutense de Madrid (UCM) o con empresas patrocinadoras para favorecer a Gómez antes de la creación de la cátedra en octubre de 2020.
Álvarez ha recurrido su imputación, acusando al magistrado de tenderle “una trampa” al utilizar su declaración como testigo para modificar su condición a la de investigada.
Indicios respecto los correos electrónicos
Según el sumario de la causa, al que ha tenido acceso Europa Press, en uno de los correos electrónicos en los que se menciona a Cristina Álvarez, María Jesús Morillo y Mercedes Vaquero —miembros de la Oficina de Transparencia de Resultados de Investigación (OTRI) de la Universidad Complutense de Madrid (UCM)— le proporcionan información sobre el registro del dominio web de un máster de la universidad.
“Estimada Cristina, tal como hemos acordado hace un momento, te adjuntamos un modelo de ‘contrato de cesión de derechos’ a la UCM, para que la titularidad de esta obra sea 100% UCM al tratarse de una obra en colaboración con personal UCM que sí tienen dicha vinculación”, señalaron Morillo y Vaquero en un correo del 6 de octubre de 2022.
El correo también fue enviado a Begoña Gómez y a Blanca de Juan, coordinadora del Máster en Transformación Social Competitiva. En el mismo, se incluía un mensaje previo, fechado el 7 de septiembre, en el que se adjuntaba un formulario interno para registrar la web en el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual.
Aunque en este caso Álvarez figuraba en copia con una cuenta de correo personal, el sumario revela otra cadena de correos en la que utilizaba una cuenta oficial de Presidencia del Gobierno, firmando como directora de programas de la Secretaría General de Presidencia. En otro correo recogido en la investigación, Álvarez informó a la aseguradora Reale sobre el interés de Gómez en que la empresa continuara patrocinando la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva que dirigía.
