En el análisis de la situación económica de los 27 que elabora cada primavera, la Comisión Europea apunta a que la escasez de viviendas asequibles es un “reto cada vez mayor en toda la UE”, aunque reconoce que afecta de forma más severa en algunos estados miembros. El informe relativo a España revela que es uno de los países a los que pasa especial factura.
“El acceso a viviendas asequibles también sigue siendo un desafío importante, especialmente para los más vulnerables, debido a la baja proporción de viviendas de alquiler social”, señala el documento, que cifra en un tercio la oferta de España respecto a la media europea. La intención del Gobierno es destinar 1.000 millones de euros de los fondos recuperación a la construcción de 20.000 viviendas para alquiler asequible, pero el plan no ha dado aún sus frutos.
Los precios de la vivienda en España experimentaron un aumento interanual del 5,5% en 2022 y el crecimiento fue continuo a lo largo del siguiente año hasta llegar al 4,5%. La compra de viviendas “disminuyó significativamente” en 2023, aunque se mantiene por encima de la prepandemia, dado que el volumen de los préstamos hipotecarios ha ido perdiendo impulso por un endurecimiento de las normas crediticias. Bruselas apunta a “signos de sobrevaloración”, aunque “más contenidos” que en otros países de la UE.
El acceso a la vivienda es una de las claves para combatir la desigualdad y la pobreza, que tiene en España una de las tasas “más altas de la UE”. “Esto ha afectado en particular a los no nacionales de la UE, las personas con discapacidad, las familias monomarentales y las personas baja cualificación”, explica el informe.
Aunque Bruselas reconoce la puesta en marcha de iniciativas como el Ingreso Mínimo Vital (IMV) o la prestación por hijo a cargo, reclama al Gobierno “una acción de política social más eficaz para alcanzar el objetivo nacional de España en materia de pobreza y exclusión social para 2030”. La tasa de sinhogarismo también se ha incrementado pasando del 1,5% la pasada década al 3,4%, en 2020, según los datos del gobierno comunitario, que apunta a “peores condiciones de vida” en España.
Bruselas pide incrementar los impuestos ambientales
Bruselas anima al Gobierno a incrementar los impuestos ambientales. La recaudación de ese tipo de fiscalidad (1,5% respecto al PIB) está por debajo de la media europea, que asciende al 2%. Incrementar los actuales gravámenes o imponer nuevas tasas para incrementar esas cinco décimas supondría unos 7.300 millones de euros extra para las arcas públicas.
También la CE detecta un incremento de las “vulnerabilidades” en materia energética, y específicamente en lo que tiene que ver con la ‘agenda verde’. “España sigue siendo uno de los países con mayor número de víctimas mortales por fenómenos climáticos extremos”, alerta el documento.
La Comisión Europea cita entre las “principales razones” de esa mayor ‘vulnerabilidad verde’ “el incremento de las emisiones de CO2 en el transporte por carretera, el aumento de la huella de consumo per cápita y los retos relacionados con la escasez de agua y la gestión sostenible del agua a los que España sigue enfrentándose, también atestiguados por el elevado índice de explotación del agua”.
