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El pasado 17 de septiembre Clavijo exigió al Gobierno central una fecha concreta para retomar las conversaciones y un fondo de 165 millones de euros, equivalente a lo gastado en la acogida de menores en lo que va de año. Aunque la reunión con el PP podría darse la próxima semana, el asunto del financiamiento sigue en el aire, debido a desacuerdos políticos relacionados con la negativa de Coalición Canaria a prorrogar la comisión sobre las mascarillas.
Un clima de desconfianza en las negociaciones
La reunión a tres bandas entre Clavijo, el PP y el Gobierno central depende ahora de la agenda del presidente canario, aunque las tensiones y la falta de confianza hacen el diálogo complicado. Tras el fracaso parlamentario de la reforma, las culpas se han repartido entre Madrid y Canarias. Desde la capital, critican que el presidente autonómico no consiguió ni siquiera la abstención del PP, su socio de gobierno en las islas. Por su parte, el Ejecutivo canario reprocha al Gobierno central no haber negociado lo suficiente.
El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, subrayó que la situación se agravó tras la negativa del PP a votar la modificación del artículo 35 de la ley de extranjería. Fuentes autonómicas aseguran que el PP no dio su voto porque ninguna de sus exigencias fue aceptada.
Canarias se alinea con las demandas del PP
En los últimos meses, el debate migratorio ha evolucionado. El presidente canario ha hecho suyas varias de las demandas del PP, firmando el 10 de septiembre un acuerdo con Alberto Núñez Feijóo para impulsar un cambio legislativo. Entre las propuestas, destacan la declaración de emergencia migratoria, la convocatoria de una Conferencia de Presidentes y la creación de parámetros que definan cuántas plazas de acogida debe tener cada comunidad.
Este plan busca un nuevo modelo de acogida financiado por el Estado, que se haría cargo de los territorios que superen el 150% de su capacidad de acogida. La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, prepara un informe para simular la capacidad de acogida de cada región, basado en criterios como desempleo, población y renta per cápita.
Discrepancias jurídicas y conflicto constitucional
Mientras continúan las negociaciones, persisten las diferencias sobre la atención a los menores migrantes en Canarias. El Consejo de Ministros aprobó recientemente iniciar los trámites para llevar al Tribunal Constitucional el nuevo protocolo de actuación del Gobierno canario, que condiciona la entrada de menores en centros de acogida hasta que la Policía cumpla ciertos requisitos. El Gobierno central considera esta medida inconstitucional, pero ha dado a Canarias una semana para revisar las discrepancias.
