El Gobierno de España ha fijado su atención en las comunidades autónomas de la Comunidad Valenciana, Castilla y León, y Aragón en su lucha contra los ejecutivos regionales liderados por el Partido Popular y Vox. En una primera embestida contra las normativas sobre «concordia», que la derecha busca para derogar las leyes de memoria democrática, el Ministerio de Política Territorial ha anunciado medidas concretas.
Diferencia entre conceptos
La motivación detrás de estas iniciativas radica en la corrección del «relato partidista» y la «visión ideologizada de la historia», según argumentan PP y Vox. Estas nuevas regulaciones sustituyen el concepto de memoria por el de concordia, argumentando que no se deben distinguir entre las víctimas de diferentes bandos para evitar la «división» en la sociedad. Mientras que la ley estatal de Memoria Democrática de 2022 y las normativas autonómicas previas enfatizan la reparación y reconocimiento de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura franquista.
Similitud entre las Comunidades
Bajo el título común de «Proposición de ley de Concordia», tanto la Comunidad Valenciana como Castilla y León han presentado iniciativas legislativas en sus parlamentos autonómicos. Aunque estas propuestas no son promovidas formalmente por los ejecutivos, sino por los grupos parlamentarios, su similitud es notable tanto en la fecha de presentación como en su contenido.
Novedades en las propuestas
Las normativas autonómicas buscan extender su ámbito de aplicación hasta el presente, incluyendo a todas las víctimas, incluso aquellas del terrorismo. Esto implica la referencia expresa a las «víctimas de la Segunda República», una inclusión que no estaba presente en las leyes de memoria democrática anteriores.
El argumento del reconocimiento de todas las víctimas se mantiene en las tres propuestas del PP y Vox. La ley valenciana, por ejemplo, amplía su alcance a la Segunda República y el terrorismo, mientras que la de Castilla y León se extiende hasta 1978, año de la instauración de la democracia en España.
Choque con la Ley estatal de Memoria Democrática
La derogación de las anteriores normativas autonómicas supone el fin de herramientas como el mapa de fosas o el inventario de lugares de memoria. Sin embargo, se mantienen las exhumaciones como parte del reconocimiento a las víctimas, aunque con matices en la participación de asociaciones memorialistas.
Este movimiento del Gobierno central refleja un enfrentamiento directo con las leyes autonómicas, calificadas por el Ministerio como «postulados revisionistas» que chocan con la legislación estatal de Memoria Democrática. La garantía de las exhumaciones en aplicación de la ley estatal se presenta como un punto clave en este conflicto entre los diferentes niveles de gobierno.
