El Banco de España ha abierto un debate sobre la imposición de un límite al tipo de interés en los créditos al consumo, buscando aclarar cuándo un préstamo debe considerarse usurario y establecer un coste máximo para estos créditos. La directora general de Supervisión, Mercedes Olano, ha instado a «reflexionar» sobre esta posibilidad, tomando como referencia las soluciones adoptadas por otros países, como Portugal.
Crédito al consumo y las tarjetas de crédito
El crédito al consumo y las tarjetas de crédito han sido históricamente fuentes de litigiosidad debido a los elevados tipos de interés aplicados, que en algunos casos alcanzan niveles considerados como usura. En España, los tribunales han tenido que interpretar una ley de usura centenaria, que establece la nulidad de contratos con intereses notablemente superiores al normal del mercado. Sin embargo, la interpretación de «notablemente superior» ha sido objeto de controversia y cambio de criterio judicial.
A pesar de los avances del Tribunal Supremo en la definición de lo que constituye un interés usurario, la falta de criterios claros ha generado inseguridad jurídica y una alta litigiosidad entre clientes y entidades financieras. La propuesta de establecer un tope al tipo de interés busca acabar con esta incertidumbre y brindar un marco de certidumbre tanto para los consumidores como para los operadores del mercado.
Tanto el Banco de España como las asociaciones de consumidores abogan por la necesidad de establecer límites a los intereses en el crédito al consumo para evitar el sobreendeudamiento y distinguir a los operadores que practican buenas prácticas de aquellos que no lo hacen. En este sentido, la regulación europea también está tomando cartas en el asunto, con la aprobación de la directiva de créditos al consumo que busca prevenir abusos y garantizar la protección de los consumidores.
Francia, Italia y Portugal ya han establecido por ley límites máximos a los tipos de interés aplicables a los consumidores, y la directiva europea contempla la introducción de medidas similares en otros Estados miembros. Sin embargo, la implementación de estas medidas no se espera hasta finales de 2026, dejando en manos de los legisladores nacionales la decisión sobre la imposición de tope al tipo de interés en créditos al consumo.
