Imagen: el presidente del Tribunal Constitucional, Conde-Pumpido, con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez I EFE
El Tribunal Constitucional tiene previsto dictar su primera resolución sobre la controvertida ley de amnistía antes del verano de 2025. Esta norma, que plantea el perdón de delitos relacionados con el procés, enfrenta al tribunal a uno de sus mayores retos del próximo año. Hasta la fecha, se han presentado 23 impugnaciones contra la ley, entre recursos y cuestiones de inconstitucionalidad, a las que se suman nuevas solicitudes de amparo de personas afectadas por procesos judiciales vinculados a su aplicación. Asimismo, algunos líderes independentistas buscan ser parte de estas causas para defender la norma frente a las impugnaciones.
Obstáculos en el debate sobre la amnistía
El avance en el análisis de la ley ha enfrentado dificultades. El Tribunal Supremo cuestionó la amnistía basándose en un caso relacionado con desórdenes públicos, lo que ha impedido admitir a trámite algunas solicitudes de amparo. Además, el Tribunal Constitucional debe resolver recusaciones internas, incluida la del magistrado José Mario Macías, señalado por supuesta parcialidad debido a sus declaraciones previas como miembro del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Durante enero, el tribunal decidirá si apartar a Macías de las deliberaciones, en medio de tensiones entre los sectores conservador y progresista.
Recursos clave y criterios de resolución
El Constitucional priorizará la resolución de dos recursos fundamentales: la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Supremo y el recurso del Partido Popular. Estas sentencias sentarán las bases para abordar las 15 impugnaciones de comunidades autónomas gobernadas por los populares y otras, como la de Castilla-La Mancha, liderada por el socialista Emiliano García-Page. Aunque inicialmente se dudó de la legitimidad de las comunidades para recurrir la ley, un informe de letrados recomendó una interpretación flexible que considere posibles impactos en sus intereses.
Fundamentos de las impugnaciones
Los recursos contra la ley de amnistía destacan cuatro argumentos principales: su supuesta inconstitucionalidad al carecer la Constitución de una habilitación explícita para amnistías, vulneraciones de principios como la igualdad y la no arbitrariedad, desproporcionalidad, y posibles conflictos con la separación de poderes y el derecho de la Unión Europea. Mientras tanto, la Fiscalía y la Abogacía del Estado han presentado informes defendiendo la constitucionalidad de la norma y la competencia parlamentaria para legislar sobre esta materia.
Escenarios europeos y otros frentes legislativos
Antes de abordar el fondo de la ley de amnistía, el sector conservador del Constitucional plantea esperar la resolución de cuestiones prejudiciales presentadas ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) y el Tribunal de Cuentas.
Además, el tribunal tiene pendiente resolver recursos del PP y Vox contra la ley Trans estatal, así como impugnaciones a normas autonómicas en esta materia. Entre otros asuntos, destaca el recurso popular contra la retirada del derecho de veto del Senado sobre el techo de gasto y la paralización de una reforma legislativa que buscaba renovar el propio Constitucional, suspendida en 2022 tras una polémica decisión cautelarísima.
Tensiones entre el Congreso y el Senado
Las diferencias entre las mayorías del PSOE en el Congreso y del PP en el Senado han generado conflictos que también llegarán al tribunal en 2025. Entre ellos, el recurso del PP contra la reforma del reglamento del Senado, utilizada para frenar la tramitación de la ley de amnistía mediante procedimientos de urgencia. Estos enfrentamientos reflejan el complejo panorama político y judicial que marcará el próximo año para el Constitucional.
