Eugenio Ribón, decano del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) declara este viernes como testigo en la causa contra el fiscal general del Estado, Álvaro García-Ortiz. El ICAM ejerce la acusación popular en la causa que se instruye en el Tribunal Supremo contra García-Ortiz por una presunta revelación de secretos contra Alberto González Amador, el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Al llamar a Ribón, el instructor del caso, Ángel Hurtado, explicó que lo hacía “en la medida que pueden verse afectados principios como el de confidencialidad y/o el de reserva por los hechos objeto de investigación, así como derivarse perjuicios corporativos para el colectivo que representa”.
El propio Ribón ha explicado en un artículo lo publicado este jueves en ‘ABC’ que el TS ha estimado oportuno escuchar su testimonio en esta causa, “dada su trascendencia para la abogacía”. “Responde a la necesidad de esclarecer hasta qué punto se han visto afectados dos principios esenciales como la confidencialidad y la reserva”, ha indicado.
Ribón ha razonado que el secreto profesional es “un derecho que no pertenece al abogado sino al ciudadano”, por lo que “este ataque” es “al Estado de Derecho mismo ya la tutela judicial efectiva”, según recoge EP.
El ICAM es acusación popular contra el fiscal general de Estado
Cabe recordar que Ribón, como decano del ICAM, se reunió el pasado 15 de marzo con García Ortiz y con la entonces presidenta del Consejo General de la Abogacía, Victoria Ortega, después de que el Ministerio Público emitiera el 14 de marzo la nota de prensa en la que desmentía la noticia publicada la noche anterior por ‘El Mundo’ que decía que la Fiscalía había ofrecido un pacto a González Amador en la investigación que se le hacía por presuntos delitos fiscales.
Según consta en el sumario de la causa, al que ha tenido acceso a Europa Press, ese encuentro fue para “calmar las aguas”, después de que el ICAM emitió un comunicado tachando “de extrema gravedad la revelación, por parte de la Fiscalía Provincial de Madrid, de datos concretos de unas diligencias de investigación”, al entender que constituía una vulneración de los “principios básicos de sigilo, confianza y buena fe” y ponía en riesgo la “neutralidad” del Ministerio Fiscal, según recoge EP.
De acuerdo con las pesquisas, fue en esa reunión donde la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez –también investigada–, asumió la responsabilidad de la nota de prensa del 14 de marzo, a pesar de que internamente mostró su enfado por el hecho de que hubiera salido con el membrete de la Fiscalía Provincial, cuando se gestó en la General. Posteriormente, García Ortiz la apostó en nombre propio.
Pese a esa reunión, días después, Ribón, en nombre del ICAM, presentó una denuncia ante los Juzgados de Instrucción de Madrid contra la Fiscalía por la nota de prensa. A raíz de dicha denuncia, el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid figura como una de las acusaciones populares en la causa que dirige el Supremo, según recoge EP.
