El conflicto legal derivado de las primas a las energías renovables, originado en la pasada década bajo los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy, sigue generando complicaciones para el actual Ejecutivo. Empresas y fondos que invirtieron en el sector ahora exigen compensaciones por el abrupto fin de estas ayudas, lo que ha llevado al Gobierno a enfrentar una oleada de arbitrajes en su contra.
Arbitrajes perdidos y riesgo de embargos
El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) ha fallado en múltiples ocasiones contra España, lo que ha derivado en potenciales embargos de bienes del Estado para cubrir los impagos, algunos de los cuales ya cuentan con sentencias favorables. Ante esta situación, el Gobierno ha recurrido a diversas estrategias legales para intentar mitigar las consecuencias.
Contrataciones para reforzar la defensa legal
En respuesta a los crecientes litigios, la Abogacía del Estado ha lanzado este año concursos públicos valorados en 1,1 millones de euros para la obtención de informes legales y pruebas periciales, elementos clave en la defensa de los casos pendientes. Estos contratos de asesoría, independientes de la defensa legal directa en tribunales, se adjudican a empresas que no hayan publicado material que pueda perjudicar los intereses de España.
Entre los contratos más recientes, destacan aquellos relacionados con los casos contra las empresas E.On e Infracapital, ambos valorados en 50.000 euros. En el caso de Infracapital, la situación fue declarada de urgencia para acelerar la preparación de la documentación necesaria para la defensa.
La estrategia del Gobierno y el contexto histórico
El enfoque del Gobierno durante los últimos años ha sido consistente: atribuir el problema a la decisión del gabinete de Mariano Rajoy en 2013 de recortar drásticamente la rentabilidad de las instalaciones renovables, aprobada previamente durante el mandato de Zapatero. Sin embargo, se evita mencionar que esas rentabilidades, establecidas en tiempos de bonanza económica, eran insostenibles bajo las condiciones de consolidación fiscal impuestas a España por la Unión Europea tras la crisis financiera.
Nueva sentencia en EE.UU. agrava la situación
El pasado fin de semana, se dio a conocer que la Justicia de Estados Unidos, en una sentencia de apelación, ha confirmado su jurisdicción para hacer cumplir los laudos en un caso que involucra a tres inversores afectados, quienes tienen derecho a recibir más de 300 millones de euros. Esta decisión representa un duro golpe para España, que intentaba evitar embargos de bienes públicos en territorio estadounidense, un escenario que ahora se vuelve más probable.
