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La relación entre el Gobierno central y Junts por Catalunya se asemeja a un intrincado laberinto, donde cada paso parece llevar a callejones sin salida. Mientras ambas partes aseguran que la negociación sobre los Presupuestos Generales no está aún sobre la mesa, otros temas se discuten intensamente, como la transferencia de competencias en inmigración a Cataluña, una promesa pendiente de Pedro Sánchez.
Los independentistas, por su parte, critica al Ejecutivo por una larga lista de compromisos incumplidos y muestra escepticismo sobre la viabilidad de unas nuevas cuentas públicas, pese a que sus siete votos son imprescindibles. La llave que podría destrabar este candado parece ser el control sobre la inmigración.
Además, reclaman competencias exclusivas sobre fronteras, algo que el Gobierno rechaza de manera tajante al considerarlo una atribución estatal. Sin embargo, desde Moncloa están dispuestos a negociar una mayor presencia de los Mossos d’Esquadra en infraestructuras clave como puertos y aeropuertos.
Competencias fronterizas: una línea roja para el Gobierno
«Estamos hablando de todo«, afirman fuentes gubernamentales sobre las conversaciones con la formación de Carles Puigdemont. Sin embargo, el control de las fronteras sigue siendo un límite infranqueable para el Ejecutivo.
Desde el Ministerio del Interior, dirigido por Fernando Grande-Marlaska, niegan rotundamente que exista un pacto para transferir competencias exclusivas a los Mossos, aunque se evalúa su integración en ciertas labores conjuntas en puntos estratégicos como el aeropuerto de El Prat, el puerto de Barcelona y pasos fronterizos como La Junquera.
Esta demanda no es nueva. Durante la legislatura pasada, ERC ya presionó para conseguir estas competencias, aunque sin éxito. En la actualidad, los Mossos tienen jurisdicción en las inmediaciones de aeropuertos y puertos, pero dentro de estos espacios la Policía Nacional y la Guardia Civil mantienen el control exclusivo.
El precedente vasco y su impacto en Cataluña
La exigencia de Junts ha cobrado fuerza tras el acuerdo alcanzado en julio entre el Gobierno central y el País Vasco, que otorgó a la Ertzaintza pleno control policial en puertos y aeropuertos vascos.
Este precedente ha intensificado las presiones independentistas en Cataluña, aunque desde Moncloa se insiste en que no habrá un repliegue de las fuerzas estatales, sino una posible colaboración coordinada.
Tensiones internas y desacuerdos en el Govern
El debate sobre competencias de seguridad se enmarca en un clima de creciente tensión política. La reciente Junta de Seguridad celebrada en Barcelona, encabezada por Salvador Illa, líder del PSC, no abordó el traspaso de competencias, algo que Marlaska calificó como un acuerdo «inexistente».
