La secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha anunciado una ofensiva jurídica por lo que considera una vulneración de los derechos parlamentarios en la tramitación de la Ley de Desperdicio Alimentario. Según ha informado Europa Press, el PP presentará un conflicto de competencias contra el Congreso y el Gobierno, además de recurrir ante el Tribunal Constitucional mediante un recurso de amparo y otro de inconstitucionalidad.
El conflicto comenzó con una decena de enmiendas que el PP, Junts y ERC lograron aprobar en el Senado, a pesar del intento del Gobierno de vetarlas alegando que afectaban a los presupuestos. Entre las propuestas destacaban la rebaja del IVA en ciertos alimentos y la prórroga de ayudas a plantas de purines.
La Mesa del Congreso, con los votos de PSOE y Sumar, eliminó esas enmiendas en su tramitación final sin informe escrito de los servicios jurídicos. Europa Press detalla que el letrado mayor del Congreso, Fernando Galindo, expresó verbalmente su desacuerdo con aceptar el veto, recordando que ya no procedía tras la aprobación en el Senado. Pese a ello, la mayoría progresista impuso su criterio.
Recurso ante el Constitucional y posible vía europea
Durante la Interparlamentaria del PP en Sevilla, Gamarra declaró que el partido utilizará “todos los instrumentos legales” disponibles. El objetivo es que el Senado promueva un conflicto de atribuciones y que los parlamentarios recurran ante el Tribunal Constitucional.
Además,fuentes del PP no descartan acudir a instancias europeas si el recurso ante el Constitucional no prospera. Consideran que se ha producido una vulneración clara de los derechos de sus diputados y senadores.
Gamarra acusa a Sánchez de “pisotear la democracia”
Gamarra criticó duramente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por lo ocurrido. “Con la democracia no se juega”, dijo. Y añadió: “Menos celebrar aniversarios de dictadores y más respetar la separación de poderes”.
La dirigente popular denunció que se está legislando “a base de vetos” y no con mayorías legítimas. “Esto no solo afecta al PP, sino al derecho de los españoles a que las leyes se tramiten con garantías”, concluyó.
