El Partido Popular ha planteado en el Congreso una propuesta para reformar a fondo el Estatuto del Ministerio Fiscal, con la intención de blindar su independencia frente al Ejecutivo y asegurar una mayor transparencia en su funcionamiento. Entre los cambios sugeridos, destaca la idea de que el mandato del fiscal general no coincida en el tiempo con el del Gobierno que lo propone, evitando así cualquier sospecha de subordinación política.
La formación considera prioritario revisar los criterios de idoneidad para ocupar el cargo, así como endurecer las condiciones de cese, con el fin de alejar cualquier posibilidad de interferencia gubernamental en la labor del Ministerio Público.
Dentro de esta iniciativa legislativa, también se recoge la necesidad de modernizar los mecanismos internos de funcionamiento de la Fiscalía. En concreto, el PP sugiere reforzar su capacidad de gestión presupuestaria y organizativa, actualizar los protocolos para resolver conflictos internos y revisar el sistema disciplinario. Todo ello con el objetivo de consolidar una institución más ágil, transparente y autónoma.
Otra de las claves de la propuesta es otorgar un papel más relevante al Consejo Fiscal, especialmente en lo que respecta a decisiones que afecten a la carrera profesional de los fiscales y a la defensa de principios como la legalidad, la justicia y los derechos ciudadanos. El PP insiste en que los nombramientos dentro de la Fiscalía deben basarse exclusivamente en el mérito y la capacidad, eliminando cualquier sombra de discrecionalidad.
Una reforma que responde a un contexto delicado
Esta ofensiva del PP llega en medio de la polémica por la investigación abierta en el Tribunal Supremo contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a raíz de una querella presentada por la pareja de Isabel Díaz Ayuso. El dirigente del Ministerio Público está acusado de un posible delito de revelación de secretos, lo que para el PP representa una “grave anomalía institucional” que pone en duda la imparcialidad de la Fiscalía.
Por este motivo, los populares consideran imprescindible acometer una reforma en profundidad que aleje toda sospecha de influencia política en el Ministerio Público. Según argumentan, esta situación mina la confianza ciudadana en una figura clave para el equilibrio de poderes.
Además, el texto recuerda que tanto la Asociación de Fiscales, la más representativa del sector, como el Consejo de Fiscales Europeos del Consejo de Europa, han advertido sobre la necesidad de garantizar la total independencia e imparcialidad de los ministerios fiscales en Europa, instando a los Estados a fortalecer su autonomía estructural y funcional.
