El PP ha confirmado que apoyará el decreto ómnibus después de votar en contra junto a Vox y Junts, el pasado miércoles en el Congreso de los Diputados. Tras una votación ‘in extremis’, el PSOE ha conseguido sacar adelante su decreto con ciertas modificaciones. Posteriormente, el PP ha confirmado que apoyará esta nueva versión del decreto.
El nuevo decreto ómnibus sigue contando con una medida que retrasa el desalojo de okupas e inquiokupas, debido a que contempla que las personas que han allanado una vivienda cuenten con un certificado de vulnerabilidad. El apoyo del PP a esta medida no ha gustado a los miembros de la Plataforma de Afectados por la Ocupación, que han anunciado que cortan su relación con los populares.
El Plan Vivienda del PP contempla en el apartado seis el reforzamiento de la seguridad jurídica a los propietarios de inmuebles ante el incremento de la okupación. Este incluye, la creación de oficinas técnicas municipales que cuenten con una asesoría jurídica a los vecinos.
El Partido Popular rechaza la okupación. pic.twitter.com/2qWRbkfxVG
— Partido Popular (@ppopular) January 29, 2025
La ley incluye un teléfono de atención 24 horas para actuar de manera inmediata y la creación de Unidades Administrativas de Policía Local especializadas en la lucha contra la ocupación ilegal.
Tras el anuncio del PP de apoyar el decreto ómnibus, lo que ha sido interpretado como un beneficio para los okupas, el partido ha propuesto ahora la tramitación urgente de una Ley Anti-okupación. Exigen que la normativa contemple desalojos en un plazo máximo de 24 horas, el endurecimiento de las penas para quienes ocupen viviendas ilegalmente y la prohibición de que los okupas puedan empadronarse en los inmuebles allanados. Además, demandan una mayor protección de la propiedad privada en favor de los propietarios.
La Plataforma de Afectados por la Ocupación se desvincula del PP
El Partido Popular ha denunciado que en España hay 80.000 viviendas ocupadas y 25.000 casos de inquilokupación, lo que supone un aumento del 40% desde que Pedro Sánchez asumió la presidencia del Gobierno.
Los populares exigen al Ejecutivo que desbloquee la Ley Anti-okupación, aprobada por el Senado hace más de un año pero aún sin aplicación debido a la oposición del PSOE.
Por otro lado, la propuesta del Gobierno para la ampliación del parque de vivienda ha pasado de 50.000 a 90.000 inmuebles en solo dos días, según los anuncios realizados por Sánchez en distintos actos.
El problema de las 50.000 viviendas iniciales que prometió Pedro Sánchez, es que14.000 ya estaban ocupadas o en régimen de alquiler social. Otras 15.000 eran simplemente proyectos sobre suelo en manos de la Sareb, el denominado banco malo. Y de las 21.000 restantes, que se presumían que estaban a disposición de comunidades autónomas y ayuntamientos, la vicepresidenta Calviño reconoció ayer, tras el Consejo de Ministros, que hay 12.000 que necesitan un proceso de “readecuación” y que sólo 9.000 están listas.
