El proceso de renovación del Consejo de Administración de RTVE ha intensificado las tensiones políticas entre el PSOE y el PP. Recientemente, el Congreso de los Diputados solo aprobó la designación de 11 de los 15 consejeros con el respaldo del PSOE, Sumar, ERC, Junts, PNV y Podemos, pero dejó fuera las propuestas del PP, generando acusaciones de partidismo y falta de consenso.
Enfrentamientos en Congreso y Senado
La reforma del sistema de elección de consejeros, promovida por el Gobierno de Pedro Sánchez, ha sido criticada por el PP y Vox, quienes califican el proceso de “asalto a RTVE”. Los cambios introducidos reducen las mayorías necesarias para designar a los miembros del Consejo, eliminando el requisito de concurso público, algo que los populares consideran un intento de control político de la televisión pública.
Durante las votaciones en el Congreso, la oposición decidió ausentarse en señal de protesta. Mientras tanto, los consejeros propuestos por el Gobierno y sus aliados obtuvieron el apoyo necesario en una segunda ronda de votaciones.
Por su parte, el PP presentó en el Senado a cuatro candidatos para los puestos restantes en el Consejo, entre ellos Eladio Jareño y Rubén Moreno. Sin embargo, desde el PSOE han bloqueado las iniciativas populares, argumentando que estas no cumplen con las directrices actuales. Los socialistas defienden que su selección busca garantizar un perfil diverso y profesional, aunque varias voces acusan al Gobierno de priorizar la afinidad política sobre la competencia técnica.
Entre los consejeros respaldados por el PSOE destacan perfiles como José Pablo López, exdirector de Telemadrid y principal candidato a la presidencia de RTVE, y Esther de la Mata, exdirectora de comunicación del Ministerio de Félix Bolaños. Estos nombramientos han generado críticas, especialmente desde los sindicatos y colectivos internos de RTVE, quienes temen una mayor politización de la corporación.
El cambio en los métodos de elección ha generado protestas internas en RTVE. El Consejo de Informativos ha denunciado las modificaciones como un retroceso en la independencia de la corporación, subrayando el riesgo de injerencias políticas. Esta controversia se suma a las recurrentes críticas sobre la falta de consenso en las decisiones estratégicas relacionadas con la televisión pública.
En paralelo, el PP ha anunciado que llevará el asunto a instancias europeas, buscando apoyo internacional para frenar lo que consideran un monopolio gubernamental sobre los medios públicos. Mientras tanto, la aprobación final de los consejeros restantes, cuya designación corresponde al Senado, podría marcar un nuevo capítulo en este enfrentamiento político que sigue polarizando al país.
