El Tribunal Supremo ha reabierto la causa contra el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, en lo que representa un capítulo renovado en las investigaciones sobre presuntas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia. Este caso, con origen en una denuncia interpuesta en 2020 por el abogado aragonés Ramiro Grau, señala posibles irregularidades en las compras de material sanitario realizadas por ADIF y Puertos del Estado, organismos dependientes del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), en un momento crítico de la emergencia sanitaria.
La denuncia original, que forma parte del llamado Caso Koldo, fue desestimada en su momento, y el recurso de súplica presentado por Grau en mayo de 2021 también fue inadmitido. Grau solicitó entonces que la denuncia contra los no aforados se trasladara al juzgado de guardia de Zaragoza, ya que la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas, presuntamente implicada en el caso, tiene su sede en esta ciudad. Sin embargo, esta petición no prosperó en los tribunales, lo que dejó la denuncia en un punto muerto hasta ahora.
El contexto de esta reapertura toma relevancia tras la petición de la Audiencia Nacional y el fallo del Supremo confirmando el procesamiento de Ábalos. Además, este nuevo avance judicial en la causa revive el contenido del libro de Grau, Ábalos, jaque mate, en el cual el abogado documentó los pasos y argumentos iniciales que sustentaron su denuncia. La obra se ha convertido en un testimonio clave para quienes siguen este proceso, proporcionando un contexto detallado de los hechos que dieron pie a la causa y las complicaciones legales de los últimos años.
Exministro de Transportes y figura destacada del PSOE, ha contratado al veterano abogado José Aníbal Álvarez para defenderlo en el Caso Koldo, actualmente reabierto en el Tribunal Supremo. Álvarez, conocido en el ámbito judicial español por su participación en casos de gran notoriedad, incluyendo los de los GAL, la Operación Malaya, y los Casos Villarejo y Cuarteles, asume así la defensa de Ábalos frente a las graves imputaciones de tráfico de influencias, cohecho, malversación y organización criminal que enfrenta.
La selección de Álvarez, un abogado con amplio bagaje en casos de corrupción de alto perfil, es indicativa de la estrategia de defensa de Ábalos en un proceso que promete ser largo y complejo. Este fichaje se da en un momento crítico, después de que el Supremo admitiera la exposición razonada del juez de la Audiencia Nacional, quien apunta a Ábalos como sospechoso de haber influido en la compra de mascarillas por parte de ADIF y Puertos del Estado durante los primeros meses de la pandemia de COVID-19, cuando el exministro era responsable del Mitma. En estos organismos dependientes de su ministerio, se habrían producido adquisiciones de material sanitario que ahora están bajo la lupa judicial por posibles irregularidades.
La reapertura de la causa y la decisión de Ábalos de confiar en un abogado tan experimentado elevan las expectativas sobre la evolución de este caso, que ya ha captado la atención pública. Para Álvarez, cuyo nombre se asocia a la defensa de figuras involucradas en redes de corrupción y operativos ilegales de gran resonancia, el reto será desmontar la acusación que sitúa a Ábalos en el centro de una presunta trama de corrupción dentro de uno de los momentos más críticos de la historia reciente de España: el inicio de la pandemia.
Este giro suma otra capa de complejidad al proceso judicial en torno a Ábalos y, a la vez, coloca al exministro en una situación de alta exposición mediática. Como uno de los hombres de confianza del gobierno en los momentos más difíciles de la emergencia sanitaria, Ábalos enfrenta ahora una batalla judicial que podría afectar no solo su carrera política, sino también la imagen de su partido, el PSOE, especialmente en un contexto donde los casos de corrupción siguen siendo un tema sensible en la opinión pública.
