Imagen: el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez I EFE
La Comisión Europea ha diseñado un mecanismo fiscal que permitirá excluir la inversión en defensa del cálculo del déficit excesivo, facilitando a los países comunitarios un margen adicional de gasto. Este dispositivo, parte del plan ReArm Europe, pretende movilizar 650.000 millones de euros en los próximos cuatro años. Para España, esto supondría un margen fiscal extra de aproximadamente 20.000 millones de euros, equivalente al 1,5% de su PIB.
Sin embargo, la iniciativa beneficia en mayor medida a los países que han incrementado su gasto en defensa desde 2021, año que Bruselas ha tomado como referencia. Aquellos que realizaron mayores inversiones tras la invasión de Ucrania obtendrán un crédito fiscal, permitiéndoles destinar recursos adicionales sin afectar su déficit.
Una desventaja para España
El diseño de este esquema coloca a España en una posición complicada. Según datos oficiales, el gasto en defensa del país solo aumentó en una décima del PIB entre 2021 y 2023, situándose en el 0,9% del PIB en 2023. Esta cifra dista considerablemente del objetivo del 2,5% al 3% planteado recientemente por Ursula von der Leyen.
Dado el limitado incremento registrado en los últimos años, España no podrá beneficiarse plenamente del colchón fiscal creado por la UE, lo que la obligará a destinar cualquier margen extra a reforzar su inversión en defensa en lugar de a otros gastos. De hecho, el mecanismo ni siquiera cubriría la totalidad del esfuerzo requerido para alcanzar el nivel de gasto de otros socios europeos.
Compromiso para elevar el gasto en defensa
España aún tiene un compromiso en firme con la OTAN para elevar su gasto en defensa al 2% del PIB antes de 2029, una meta que se mide con una metodología más flexible que la de la UE. Bajo este criterio, el país ya habría alcanzado el 1,3% del PIB en inversión militar, lo que representaría 6.000 millones de euros más que el cálculo basado en la metodología de Eurostat, que sitúa el gasto en el 0,9%.
La cuestión es crucial, ya que el acceso a los 150.000 millones de euros en financiación a bajo coste que la UE pondrá a disposición de los países para reforzar la seguridad común podría depender del esfuerzo demostrado por cada Estado. En este contexto, España deberá acelerar su inversión en defensa si quiere beneficiarse de estos fondos y alinearse con las expectativas de Bruselas.
