El pasado domingo, una multitud inundó las calles de Madrid para exigir una solución a los elevados precios del alquiler bajo el lema «Se acabó. Bajaremos los alquileres». La situación es especialmente grave tras la crisis inmobiliaria de 2008, que vio cómo los precios de las viviendas se dispararon en casi un 50% en la última década. Ante este panorama, los principales partidos políticos han propuesto diferentes medidas para afrontar la crisis habitacional.
Propuesta del PSOE: Bono Joven y Ley de Vivienda
El Gobierno, a través de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha reconocido la gravedad del problema, calificándolo como una «emergencia social». En respuesta, el Ejecutivo anunció la prórroga del Bono Joven del Alquiler, con una inyección de 200 millones de euros. Este bono ofrece 250 euros mensuales a jóvenes de entre 18 y 35 años, aunque ha sido criticado por algunos sectores que consideran insuficiente esta medida.
El presidente Pedro Sánchez defiende la Ley de Vivienda del Gobierno, que introduce medidas como la limitación anual del incremento del alquiler al 3% y la creación de un nuevo índice de referencia para la actualización de rentas. Además, el PSOE apuesta por aumentar el número de zonas tensionadas y aplicar beneficios fiscales a los arrendadores que reduzcan el precio de los alquileres en un 5%.
Críticas y alternativas de Sumar y Podemos
Sumar y Podemos han criticado la prórroga del Bono Joven, argumentando que esta medida podría beneficiar más a los caseros que a los inquilinos. Sumar propone medidas más radicales, como la regulación del mercado de alquileres para que ninguna familia gaste más del 30% de su renta en vivienda, el control de los alquileres turísticos y la prohibición de la compra de pisos con fines especulativos.
Podemos, por su parte, propone ampliar la duración mínima de los contratos de alquiler a diez años, prohibir la compra de viviendas que no sean para residir y congelar los alquileres durante toda la legislatura. Además, plantea un impuesto contra la especulación inmobiliaria y la obligación para los grandes tenedores de poner parte de sus propiedades en alquiler social.
La postura del PP: contra la intervención estatal
El Partido Popular, por su parte, rechaza la Ley de Vivienda del Gobierno por considerarla intervencionista. Propone aumentar la oferta de viviendas mediante la liberalización del suelo y la reducción de impuestos, incluyendo la bonificación del 100% en el impuesto de sucesiones y donaciones para la compra de una vivienda. También aboga por una lucha más contundente contra las okupaciones, con una ley que permita desalojar a los okupas en 24 horas.
Vox: más liberalización y menos intervención
Vox defiende una mayor liberalización del mercado inmobiliario, permitiendo urbanizar todo el suelo que no deba ser protegido por interés público. El partido de extrema derecha también ha propuesto eliminar el IVA para la compra de primera vivienda y destinar propiedades de la Sareb al alquiler social.
