Cientos de funcionarios de prisiones de todas partes de España se han manifestado en Madrid para exigir la dimisión del ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, después de que un interno de prisiones asesinara a Núria, la responsable de cocina de la prisión de Mas d’Enric en Tarragona.
Manuel Galisteo, presidente del sindicato TAMP, Tu Abandono Me Puede Matar, ha explicado al inicio de la protesta frente al Ministerio de Trabajo: “Necesitamos dos cosas urgentes en prisiones: la primera es ser reconocidos como agentes de autoridad y la segunda que nos reconozcan como profesión de riesgo”. También ha señalado que el motivo de que se haya convocado esta manifestación en Madrid es para apelar al Gobierno central ya que es el “único” que puede atender a sus peticiones.
El presidente del sindicato TAMP, ha exigido que sean cesados los mandatarios que tengan “responsabilidades políticas” ante el asesinato de Nuria. Algunos de los de los mandatarios que piden sus despidos son la consejera de Justicia de la Generalitat de Cataluña, Gemma Ubasart, el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, y, «como responsable superior», el ministro Fernando Grande-Marlaska.
El cese de Marlaska sobre la mesa
La manifestación ha sido secundada por más de un millar de personas que han comenzado la manifestación en las puertas del Ministerio de Trabajo y que ha discurrido por la zona del Paseo de la Castellana hasta llegar al Ministerio del Interior y la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Entre los manifestantes se encontraban los familiares de la funcionaria asesinada, Nuria, para mostrar su indignación con las nulas acciones que han tomado desde el Gobierno o los diferentes ministerios, el presidente del sindicato TAMP ha destacado que el malestar de los funcionarios es sobre todo por: “falta de reconocimiento de la tragedia, que sería la dimisión política”.
Pablo Martínez, familiar de Nuria y portavoz de la familia, ha explicado que: “En primer lugar no se está haciendo justicia, nadie está asumiendo la responsabilidad política de que se produzca el primer asesinato en las prisiones, no solo de Cataluña, sino de España. Y si realmente hubiese un reconocimiento como figuras de autoridad, como profesión de riesgo, esta tragedia se podría haber evitado”. También, ha denunciado que: “ni la ministra de Trabajo ni el ministro del Interior se hayan pronunciado ante la muerte de una persona en su puesto de trabajo”.
