El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha manifestado serias reservas y críticas hacia el plan de «Regeneración Democrática» propuesto por Pedro Sánchez. Este plan, cuyo objetivo central es el control de los medios de comunicación que informan sobre los asuntos judiciales de Begoña Gómez, esposa del presidente, ha generado desconfianza en García-Page, un influyente líder socialista.
El miércoles pasado, Sánchez debía presentar este plan en el Congreso, pero su intervención quedó en meros esbozos sin detalles concretos, lo que dejó a muchos, incluido García-Page, con una sensación de incertidumbre. «Vi el debate y no salí con una idea clara de lo que se pretende», confesó García-Page. El presidente de Castilla-La Mancha teme que el verdadero propósito detrás del plan sea perseguir intereses sectarios y advierte que «si se hace una legislación para perseguir unos intereses sectarios, está condenada al fracaso».
Defensa de la libertad de prensa
García-Page ha subrayado la importancia de preservar los valores democráticos y la libertad de prensa, expresando su preferencia por el autocontrol de los medios de comunicación sobre la imposición de leyes restrictivas. En su opinión, «no se pueden tocar valores superiores de la democracia y de la libertad», y añadió que confía más en el autocontrol de los medios. «Claro que hay bulos, pero no se puede tratar a la gente como si fuera tonta», argumentó.
En una entrevista con la televisión colombiana NTN24, García-Page abordó la situación judicial de Begoña Gómez, quien está siendo investigada por malversación y corrupción en los negocios. Expresó comprensión por el sufrimiento personal que atraviesan Sánchez y su esposa, pero defendió el derecho del sistema judicial a investigar: «No hay que enfadarse porque se vaya a investigar. El sistema español es tan garantista que a veces los delincuentes se libran de una condena, pero muy difícilmente el sistema penal condena a un inocente».
García-Page también ha sido crítico con la gestión de la Ley de Amnistía, considerándola un cambio de régimen que «en esta Constitución, no cabe». Ha señalado que esta ley fue el pago de Sánchez para obtener los votos necesarios de Junts para su investidura. «No puede ser un contrato de compra-venta condicionada a una investidura. Si se hubiera hecho por la convivencia, la habríamos llevado en los programas electorales», afirmó.
Para García-Page, lo más grave de esta situación es que «la amnistía la ha redactado el propio delincuente», subrayando la problemática de permitir que aquellos implicados en delitos redacten leyes que les beneficien.
