El Govern de Pere Aragonès ha decidido que el catalán merece un lugar más prominente en los juzgados, y para ello ha destinado 500.000 euros a un programa que incentiva a los abogados de oficio a usar esta lengua. La medida, que incrementa en un 17% el presupuesto respecto al año anterior, incluye bonificaciones de 25 euros por cada actuación realizada en catalán, lo que según las estimaciones alcanzará 18.782 actuaciones en 2024. Así, el idioma de Pompeu Fabra sigue su cruzada por ganar terreno.
Los incentivos, gestionados a través del Consell dels Il·lustres Col·legis de l’Advocacia de Catalunya (CICAC), buscan normalizar el uso del catalán en registros públicos y convertirlo en la lengua habitual de jueces y abogados. Sin embargo, no todos comparten la iniciativa . Organizaciones como Convivencia Cívica Catalana han criticado la medida, calificándola de «discriminatoria» hacia los abogados hispanohablantes. «Pagar más por hacer lo mismo, pero en catalán, es ridículo», aseguró su presidente.
El CICAC, que ha colaborado con el programa desde 2017, también ha sido foco de controversia por su cercanía al separatismo. Aunque su participación genera suspicacias, el Govern defiende la iniciativa como un paso necesario para garantizar que todos los ciudadanos puedan litigar en catalán si así lo desean. ¿El problema? Que muchos se preguntan si no habría otras prioridades, como mejorar infraestructuras judiciales o contratar más personal.
Con todo, el PSC no parece inmutarse. Desde la Conselleria de Política Lingüística subrayan que el catalán debe dejar de ser una opción marginal en la Justicia catalana. Si el presupuesto ayuda a que los letrados adopten esta lengua a cambio de unos euros extra, que así sea. Mientras tanto, los detractores ironizan que quizá el próximo paso sea retribuir en monedas de oro los discursos en catalán o, mejor aún, penalizar el uso del castellano con multas.
En este juego de idiomas, las cifras mandan. Las 18.782 actuaciones previstas para 2024 representan un 16% más que el año anterior, y el programa no da señales de retroceso. En medio de estas polémicas, lo que queda claro es que el catalán sigue reclamando su espacio, mientras unos celebran la medida como una victoria cultural y otros la ven como un capricho presupuestario.
En cambio, la medida ha sido puesta en entredicho por entidades constitucionalistas como Convivencia Cívica Catalana, que considera que la administración no debe «inmiscuirse» en el «idioma oficial» que cada abogado decide libremente utilizar. «Cada abogado puede y debe utilizar la lengua oficial en la que considere que ejercita mejor el derecho a la defensa», explica el presidente de la entidad, Ángel Escolano. Asimismo, juzga «insultante» que la Generalitat se gaste «cantidades de dinero desmedidas» para «premiar» a los letrados que usen el catalán» mientras se escatiman inversiones «urgentes» en dependencias judiciales o para cubrir falta de personal.
Escolano estima una «clara discriminación por motivos de lengua» que a un letrado del turno de oficio se le remunere con mayor retribución por la misma actuación por el «mero hecho de realizarla en uno de los dos idiomas oficiales en Cataluña». «Se paga más por el mismo trabajo y sin ninguna justificación, siendo una discriminación injustificada de los letrados hispanohablantes».
