El movimiento ciudadano Iustitia Europa (IE) ha presentado en Madrid su contrato electoral, con el que buscan “recuperar a España desde la sociedad” y posicionarse como “una alternativa al régimen del 78”.
Durante el acto, la formación ha dado a conocer un “contrato electoral” de 15 puntos, con el que manifiestan un “compromiso irrevocable” con los ciudadanos. Entre sus principales propuestas destacan la reforma de la Constitución, la despartidización del Estado, la lucha contra la corrupción, la defensa de la acción popular y un “tijeretazo en política económica”.
Defensa de derechos y lucha contra la corrupción
“La defensa de las libertades públicas y los derechos fundamentales debe ser un lugar de encuentro para la sociedad”, ha declarado el presidente de Iustitia Europa, Luis María Pardo. En su discurso, ha afirmado que “ha llegado la hora de configurar una mayoría social que ponga en primer lugar los intereses de los españoles por encima de cualquier ideología”.
Para combatir la corrupción, IE propone fortalecer la acción popular y la participación ciudadana en la Justicia. Entre sus medidas está la reforma del artículo 125 de la Constitución para salvaguardar la acusación popular en España y permitir la intervención de asociaciones, partidos y ciudadanos en causas judiciales de interés general.
El propio Luis María Pardo, que ha ejercido como acusación popular en casos como Begoña Gómez, Koldo, Pegasus, Hidrocarburos, Ábalos y Mazón, ha declarado que “la Justicia tardía no es Justicia”.
Reformas en sanidad, soberanía y seguridad
En materia de sanidad, Pardo ha demandado un “modelo sanitario basado en la libertad de elección”.
IE también reclama la recuperación de la soberanía nacional, abogando por “abandonar los alineamientos estratégicos anglo-otanistas”, argumentando que estos van en contra de la paz y la neutralidad, y perjudican la convivencia en España.
El movimiento ciudadano se ha declarado en contra de las políticas medioambientales de la Agenda 2030. Además, defienden una política migratoria controlada, en la que “España decida y controle” este ámbito.
Por último, proponen un “nuevo modelo policial”, donde se abogue por la despenalización del Código Militar aplicado a la Guardia Civil.
