Imagen de archivo de la colisión de una narcolancha con una embarcación de la Guardia Civil. Fuente: Jucil
JUCIL, asociación mayoritaria de la Guardia Civil, denuncia una vez más que la falta de efectivos es un gran problema para la seguridad ciudadana, especialmente en periodos vacacionales, en determinadas zonas especialmente concurridas, como las Islas Baleares, donde la población se incrementa de manera exponencial en esas fechas.
Se acerca la Semana Santa y, desde Justicia Guardia Civil, se reclama una política de mejoras en las condiciones de los agentes allí destinados. Las Islas Baleares están consideradas uno de los grandes paraísos del Mediterráneo, con un importante atractivo turístico, no solo para los nacionales, sino también para los extranjeros, quienes encuentran en ellas una amplia oferta de ocio, buen clima y servicios de calidad.
Sin embargo, desde JUCIL se cuestiona si este modelo de éxito podrá seguir sosteniéndose en el tiempo debido a la falta de efectivos policiales, que se incrementa año tras año, y que pone en riesgo la seguridad ciudadana. Las razones que explican esta escasez de agentes son varias. En primer lugar, el plus de insularidad que perciben los guardias civiles allí destinados se encuentra congelado desde hace 20 años, cuando en 2006-2007 se empezó a pagar esta gratificación a los efectivos de las Islas Canarias con fondos de la Unión Europea, lo que permitió destinar una partida mayor de los Presupuestos Generales del Estado a Baleares.
En segundo lugar, el elevadísimo coste de vida en las islas, agravado por la inflación de los últimos 20 años, hace que el acceso a la vivienda sea prácticamente imposible para los guardias y sus familias. De hecho, la gran mayoría de los agentes son destinados a las islas mediterráneas de manera forzosa y únicamente una pequeña parte acepta voluntariamente su traslado temporal en comisión de servicio pues, de esta forma, sus ingresos son muy superiores a los que percibirían por el traslado ordinario.
Esta falta de efectivos supone además una altísima carga laboral, lo que, unido a las dificultades económicas mencionadas, suele traducirse en solicitudes de regreso a la Península en cuanto urge la mínima oportunidad de abandonar estas islas.
Cabe recordar que las funciones de la Guardia Civil no se circunscriben únicamente a la seguridad ciudadana, apoyada en las ciudades de mayor tamaño por la Policía Nacional, sino que además está encargada de garantizar la seguridad en vías de comunicación y fronteras, incluyendo puertos, aeropuertos y carreteras; la vigilancia costera, el control del tráfico y la seguridad vial, vigilar y proteger edificios e instalaciones públicas, entre otras.
El problema afecta a todo el archipiélago, donde algunos de los puestos principales carecen de oficiales y suboficiales suficientes. Un caso especialmente preocupante es el del aeropuerto de Son Sant Joan, el más transitado de España durante el verano y al que la Dirección General de la Guardia Civil (DGGC) no envía personal de las escalas intermedia y superior.
Aunque esta problemática persiste durante todo el año, el riesgo aumenta en los periodos vacacionales, como Semana Santa y el verano, debido al incremento de la población estacional, que se suma a la estable.
En verano, esta carencia se intenta suplir con refuerzos puntuales como, por ejemplo, las dos unidades de los GRS (Grupos de Reserva y Seguridad) que se envían a las zonas de Calviá y San Antonio, o efectivos que se incorporan temporalmente a determinadas especialidades como tráfico, guías caninos o policía judicial, además de los estudiantes en prácticas que mandan recién salidos de la academia, sin experiencia.
En 2021 hubo un aumento de delitos como robos con violencia e intimidación
A pesar de estos refuerzos, Baleares no consigue romper la tendencia al alza de sus índices de criminalidad. En 2024, la criminalidad aumentó un 2,4%, con más de 80.300 delitos registrados, llegando a posicionar municipios tranquilos como Santa Eulalia en la cuarta localidad española con más delincuencia, mientras que la media nacional descendió un 0,3%.
En 2023, se registraron 67.024 ilícitos penales, con una ligera subida del 0,6% respecto al año anterior. En 2022, los delitos en Baleares subieron un 5,5%, alcanzando las 37.150 infracciones penales.
En 2021, hubo un aumento de delitos como robos con violencia e intimidación y tráfico de drogas. 2020, por su parte, marcó una reducción de delitos debido a la pandemia y las restricciones de movilidad.
Otro caso preocupante es el de Formentera, que cuenta únicamente con 25 guardias civiles, los únicos agentes que pueden ejercer la actividad policial junto con la policía municipal. La realidad ha demostrado que esta cifra debería ser el doble, máxime cuando, a lo largo de 2024, se vieron obligados a gestionar en solitario la mitad de los casi 6.000 inmigrantes ilegales llegados en patera a las costas de Baleares.
Pero lo realmente preocupante para JUCIL es que esta Semana Santa, una fecha en la que la población se multiplica considerablemente al contar las islas con el 92 % de las plazas hoteleras ya cubiertas, la Benemérita tendrá que afrontar otro año sin los refuerzos externos, que únicamente se envían en los meses de verano, y teme que la seguridad ciudadana se vea, una vez más, amenazada por la falta de profesionales.
