Un informe de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) aportado al juzgado que investiga a Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, considera que hay “indicios” de que Gómez haya utilizado para su empresa el software de la UCM. La universidad tiene dudas sobre la cátedra de Gómez y ha pedido al juez que investigue si pudo incurrir en un delito de «apropiación indebida» al hallar la universidad indicios de ello.
En el informe, la UCM comunica al magistrado instructor el resultado de la investigación interna que ha realizado con el fin, matiza, «de averiguar si se han causado perjuicios al patrimonio de esta Administración Universitaria». El documento señala también su falta de «cooperación».
«En concreto, las actividades desarrolladas se han encaminado a procurar determinar si hubiera existido una apropiación indebida de determinados productos que se entienden titularidad de esta Universidad (plataforma o software); y más en concreto, el producto objeto de licitación de los contratos y gastos celebrados en el marco de la mencionada Cátedra», explica la Universidad Complutense de Madrid en el escrito elevado al Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid.
La UCM entregó el dossier al juez Juan Carlos Peinado el 1 de julio. La universidad había citado a la esposa del presidente del Gobierno el 4 de julio para que “diera cuenta de dos facturas” relacionadas con la cátedra que le concedió y de la que Gómez era directora. En concreto, querían discutir sobre la Cátedra de Transformación Social Competitiva, aprobada en octubre de 2020 por un periodo de cuatro años. Gómez no acudió alegando “motivos personales” y un día después compareció y se aplazó el interrogatorio por falta de documentación.
Difícil acceso a la información
A lo largo del dossier, la universidad deja constancia de las dificultades que ha tenido para recibir información por parte de la esposa de Pedro Sánchez cada vez que se le ha requerido. De hecho, entiende que es necesaria la intervención del juez para que «obligue» a Gómez a dar respuesta a las cuestiones que se le plantean ante su falta de «cooperación».
«Las actividades de investigación realizadas no permiten a esta Universidad Complutense alcanzar una conclusión definitiva respecto a al existencia o perjuicio sobre su patrimonio: en particular por la falta de colaboración de determinados intervinientes, sin que esta Administración esté dotada de potestades que obliguen a la colaboración», zanja.
