La reciente postura de PP y Vox en el Parlamento de Cataluña y el Congreso evidencia un compromiso firme con la protección de los cuerpos policiales y su papel en la seguridad ciudadana. Ambas formaciones han tenido un papel preponderante en impedir iniciativas que buscan la limitación de las actuaciones tanto de la Policía Nacional como de la Guardia Civil, en un contexto político en el que los partidos independentistas buscan imponer sus demandas y la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, promovida por el Gobierno de coalición, plantea dificultades para llevar a cabo su labor.
Defensa en el Parlament de Cataluña: Coordinación en el 112
El Parlamento de Cataluña fue escenario de un intenso debate cuando ERC, con el apoyo de Junts, presentó una moción exigiendo la exclusión de la Policía Nacional y la Guardia Civil del servicio de emergencias 112. Esta medida, percibida por los grupos independentistas como un símbolo de «injerencia del Estado» en Cataluña, fue rechazada gracias al respaldo del PP y Vox, quienes se unieron al PSC para bloquear la iniciativa.
Ana Balsera (ERC) calificó la incorporación de estos cuerpos como un «retroceso en las competencias autonómicas», mientras que desde el PP, Pere Lluís Huguet defendió la medida como una «modernización de la coordinación policial». Rafael Villafranca, de Vox, apoyó esta visión, destacando la importancia de mantener una colaboración efectiva entre cuerpos en un territorio con desafíos de seguridad complejos.
La alianza entre PP, Vox y PSC da ánimos a los agentes de estos cuerpos que ven la priorizada su labor de seguridad y la coordinación en emergencias por encima de las disputas ideológicas. El debate, además, deja en evidencia la clara división entre las fuerzas constitucionalistas y los partidos independentistas, que ven la medida como un ataque a la autonomía catalana.
Rechazo a la reforma de la Ley Mordaza en el Congreso
Paralelamente, en el Congreso, PP y Vox volvieron a unir fuerzas para oponerse a la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza. Esta propuesta, respaldada por PSOE, Sumar, EH Bildu y ERC, busca introducir cambios significativos, como la prohibición de pelotas de goma en las intervenciones antidisturbios y la eliminación de las devoluciones en caliente en la frontera.
Javier Ortega-Smith, portavoz de Vox, criticó duramente la reforma, argumentando que las modificaciones limitarán la capacidad de las fuerzas de seguridad para enfrentar disturbios violentos y garantizar el control en las fronteras. “¿Pretenden que enfrenten a la kale borroka y los separatistas lanzando flores?”, cuestionó. Por su parte, Ana Vázquez, del PP, alertó que esta reforma podría dejar a los policías “con las manos atadas”, calificándola como «la ley de la kale borroka», en alusión a las tácticas de lucha callejera utilizadas por la banda terrorista ETA.
Directiva europea para la protección de la policía
Vox presentó este jueves en el Parlamento Europeo una propuesta de directiva para reconocer como profesiones de riesgo las actividades de policías, militares, bomberos, guardias privados y funcionarios de prisiones en toda la UE. La iniciativa busca mejorar la protección jurídica, social y laboral de estos colectivos, considerados esenciales para garantizar la seguridad y libertad de los ciudadanos europeos.
El eurodiputado Jorge Buxadé destacó que esta medida pretende abordar problemas como la alta incidencia de suicidios y enfermedades mentales en estos profesionales. Además, responde al aumento de la criminalidad en Europa y las condiciones extremas en las que trabajan. Según Buxadé, “es fundamental defender a quienes arriesgan su vida por nuestra seguridad”.
Entre las medidas propuestas están la rebaja de la edad de jubilación mediante coeficientes reductores, servicios especializados de salud mental y protección social para las familias en caso de accidentes o fallecimientos. También se establece el reconocimiento formal de estas actividades como profesiones de riesgo.
El respaldo de PP y Vox a la Policía Nacional y la Guardia Civil, tanto en Cataluña como a nivel estatal y supranacional, les posiciona como defensores de la seguridad y el orden constitucional, planteando medidas que buscan la mejora en las condiciones laborales de estos profesionales y descartar iniciativas que consideran debilitantes para las fuerzas de seguridad.
