En 2023, el Gobierno de Pedro Sánchez realizó una contribución de 10.000 euros para apoyar el mandato de Morris Tidball-Binz, relator especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias. Esta donación, que ha generado controversia y tensiones políticas sobre la memoria histórica y las leyes de concordia promovidas por el Partido Popular (PP) y Vox.
El mandato de Morris Tidball-Binz
Morris Tidball-Binz es uno de los tres relatores de la ONU que, a principios de mayo de 2023, instaron al Gobierno español a tomar medidas para preservar la memoria histórica frente a las leyes de concordia tramitadas por PP y Vox en las comunidades autónomas de Aragón, Comunidad Valenciana y Castilla y León. Este llamamiento se produjo pocos meses después de que el Ministerio de Asuntos Exteriores español transfiriera 10.000 euros a Tidball-Binz, como parte de una contribución voluntaria a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh). Esta información fue obtenida por THE OBJECTIVE a través del Portal de Transparencia.
La donación española fue la única registrada desde que el PSOE llegó al poder en 2018, según la respuesta del Ministerio de Asuntos Exteriores. Exteriores aclaró que los 10.000 euros fueron asignados específicamente para apoyar el mandato general de Tidball-Binz y no se destinaron a otros relatores especiales.
El informe de los relatores de la ONU
El informe firmado por Tidball-Binz, junto con Fabian Salvioli, relator especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, y Aua Baldé, presidenta del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, criticó duramente las leyes de concordia. Según el informe, estas leyes podrían «invisibilizar» las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el régimen franquista. Los relatores argumentaron que las normas impulsadas por PP y Vox suprimen múltiples entidades y actividades de memoria histórica, limitan el acceso a la verdad sobre las víctimas y no mencionan ni condenan el régimen franquista.
El documento alega que las leyes de concordia pueden llevar a una asimilación de las violaciones cometidas durante el franquismo con otros crímenes a lo largo del siglo XX, minimizando así el reconocimiento de las ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas perpetradas durante la dictadura de Francisco Franco. Los relatores también señalaron la importancia de evitar tesis revisionistas y negacionistas que puedan surgir de estas legislaciones.
El Gobierno de Pedro Sánchez utilizó las recomendaciones del informe de los relatores para justificar un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de concordia de Aragón. El Tribunal Constitucional admitió el recurso el 17 de mayo, suspendiendo la aplicación de la ley autonómica. Según Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, el objetivo era que el Tribunal Constitucional «defienda la democracia y no vulnere los derechos de las víctimas del franquismo».
La donación y el informe suscitaron críticas por parte de la oposición. PP y Vox acusaron al Gobierno de utilizar la contribución a la ONU para influir en los relatores y obtener un informe favorable que pudiera ser usado políticamente contra las leyes de concordia. Además, la figura de los relatores de la ONU fue cuestionada, destacando que trabajan de forma voluntaria y sus dictámenes no son vinculantes.
Los relatores de la ONU, como Morris Tidball-Binz, desempeñan un papel fundamental en la vigilancia de los derechos humanos a nivel global. Actualmente, existen 43 relatores que investigan y reportan sobre diversas cuestiones de derechos humanos sin recibir remuneración. Aunque sus informes no son vinculantes, tienen un impacto significativo en la opinión pública y en la formulación de políticas internacionales.
La participación de Fabian Salvioli en el Congreso de los Diputados en dos ocasiones, invitado por Podemos y otros socios del Ejecutivo, también levantó controversia. En 2018, Salvioli enfatizó la necesidad de condenar a los responsables del franquismo, a pesar de la Ley de Amnistía de 1977. En 2022, calificó de «insuficiente» la Ley de Memoria Democrática, recomendando que se aclarara explícitamente que la Ley de Amnistía no debería proteger a los perpetradores de crímenes franquistas.
