El Juzgado de lo Social número 1 de Móstoles ha estimado parcialmente la demanda de tutela de derechos fundamentales interpuesta por dos secretarias municipales contra el Ayuntamiento de Móstoles y la exalcaldesa Noelia Posse. En la sentencia, el juez ha declarado la vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva de las demandantes por parte de Noelia Posse, condenándola a abonar a cada una de ellas una indemnización de 7.501 euros por daños morales. Sin embargo, el Ayuntamiento de Móstoles ha sido absuelto de cualquier responsabilidad en este caso.
Los hechos se remontan a mayo de 2021, cuando las dos trabajadoras municipales fueron apartadas de sus cargos como secretarias en las concejalías de Recursos Humanos y Servicios Sociales y Mayores, tras asistir a una asamblea sindical de interinos el día 6 de ese mes. La asamblea se realizó en el contexto del proceso de negociación para la consolidación del personal temporal en el consistorio mostoleño.
Las demandantes alegan que, tras manifestar su disconformidad con la decisión de su sindicato, UGT, de reiniciar las negociaciones con el Ayuntamiento, Noelia Posse ordenó su inmediato cese y retorno a sus posiciones anteriores de auxiliar administrativa. Según la demanda, ambos concejales responsables, Aítor Perlines y Ángela Viedma, se negaron a ejecutar la orden de Posse, argumentando la falta de justificación objetiva para tal medida.
Dos secretarias denuncian a la exalcaldesa de Móstoles
La sentencia, a la que ha tenido acceso Ser Madrid Oeste, destaca la clara conexión temporal entre la participación activa de las demandantes en la asamblea de UGT, defendiendo sus derechos como empleadas públicas interinas, y su posterior cese en las funciones de secretaria y administrativa en las mencionadas concejalías. La participación de las demandantes en la asamblea y la defensa de su postura en relación con la negociación en curso con el Ayuntamiento de Móstoles no fue bien recibida por Noelia Posse, quien decidió apartarlas de sus cargos en represalia.
Contra esta resolución judicial, cabe interponer recurso de suplicación. Este fallo representa un importante precedente en la protección de los derechos fundamentales de los trabajadores municipales frente a acciones arbitrarias y represalias por parte de autoridades locales.
