El juez Manuel García Castellón preguntó la semana pasada a la Fiscalía para conocer el modo de proceder en la aplicación de la amnistía en la causa de ‘Tsunami Democrátic’. Una respuesta que ya se ha conocido y para el Ministerio Público, los hechos sucedieron con motivo de ‘Tsunami’, encajan en la ley de amnistía, y resuelve que: “procede declarar la extinción de la responsabilidad penal” y “decretar el sobreseimiento libre de la causa”.
Así, el fiscal Miguel Ángel Carballo ha firmado y mandado un escrito en el que reclama que se aplique la ley de amnistía a Marta Rovira, secretaria general de ERC, y a los investigados de este mismo caso por un presunto delito de terrorismo. Hay que destacar que el mes pasado Oleguer Serra, Oriol Soler y Josep Capmajó pidieron al juez instructor que archivase la causa en su contra apenas unas horas después de que se aprobara la ley de amnistía.
La norma que conforma la ley de amnistía en la que se aparan los investigados está basada en los “los artículos 2 y 3 de la Convención Europea de los Derechos Humanos”, los cuales señalan que se “debe amnistiar el terrorismo siempre que no se haya producido de forma intencionada una grave violación de los derechos humanos”. La Fiscalía ha atendido la especificación de esta norma y tras considerarlo durante una semana ha resuelto a favor de archivar la causa de ‘Tsunami’ debido a que no “se aprecia que los hechos hayan causado de forma intencionada graves violaciones de los derechos humanos, en particular los regulados en el artículo 2 y 3”.
El juez García Castellón contempla el delito de terrorismo
La causa contra ‘Tsuanmi’ ha vuelto a estar en el foco de la Justicia, después de que el juez instructor García Castellón reactivara la causa a finales del 2023. La investigación de este polémico caso se centra en las protestas que tuvieron lugar en 2019 impulsadas por la plataforma Tsunami Democràtic y en contra de la sentencia del procés. El juez reactivó la causa basándose en que: “Tsunami Democràtic fue una organización estructurada, jerarquizada y con vocación de permanencia cuya finalidad esencial era subvertir el orden constitucional, desestabilizar económica y políticamente el Estado y alterar gravemente el orden público mediante la movilización social masiva”.
Además, García Castellón concluyó que las protestas llevadas a cabo por Tsunami Democràtic se enmarcan en los delitos de terrorismo debido a que incluían el “bloqueo de infraestructuras críticas del Estado”.
