La Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica ha presentado una querella contra Sofía Puente, ex directora general del Ministerio de Justicia, acusándola de prevaricación. Según el escrito presentado el 16 de abril, la querella alega que la Ley de Memoria Democrática, aprobada por Puente mientras estaba al frente de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, discrimina a ciertos grupos en el proceso de otorgamiento de la nacionalidad española.
Nacionalidad para los exiliados políticos
La ley, en vigor desde hace año y medio, se centra en conceder la nacionalidad a los hijos o nietos de «exiliados políticos» durante la dictadura franquista, excluyendo a aquellos que abandonaron el país por motivos económicos. Los querellantes argumentan que esta exclusión es injusta y arbitraria, acusando al Partido Socialista Obrero Español (PSOE) de buscar únicamente nacionalizar nuevos votantes en beneficio propio.
Una ampliación de los plazos
El ministro actual de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha anunciado una extensión del plazo para que los exiliados y sus descendientes puedan solicitar la nacionalidad española bajo esta ley. El plazo se prolongará hasta finales de 2025 para permitir que más personas completen los trámites necesarios, considerando la complejidad del proceso.
Una norma que consideran “discriminatoria”
Aunque hasta ahora más de 69,000 personas en todo el mundo, principalmente en países de Iberoamérica, han obtenido la nacionalidad española bajo esta ley, la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica ha llevado el caso a los tribunales, buscando la nulidad de la norma por considerarla discriminatoria. Los querellantes argumentan que la ley solo reconoce a los exiliados políticos, sin mencionar a aquellos que emigraron por motivos económicos u otros.
Emigrantes españoles en datos
La querella cita datos que muestran que la mayoría de los españoles que emigraron entre 1940 y 1960 lo hicieron por razones económicas o de otro tipo, no políticas. En base a esta información, los querellantes argumentan que la ley, promovida por el Gobierno socialista, excluye a una parte significativa de los exiliados de la historia española, lo que consideran una injusticia:
- 1936 a 1939: emigraron 14.440 españoles.
- 1940 a 1945: emigraron 20.116 españoles.
- 1946 a 1950: emigraron 131.814 españoles.
- 1951 a 1928: emigraron 428.4021 españoles.
