Imagen: orquesta sinfónica
La Seguridad Social ha descubierto un presunto fraude que afecta al sector musical y suma, hasta el momento, 19,3 millones de euros. Esta cantidad es la que reclama la Tesorería General a la empresa Actura 12, acusada de infracotizar de forma reiterada a miles de artistas. Incapaz de recuperar el dinero, la institución ha embargado los ingresos pendientes de la compañía. La Fiscalía de Barcelona ha abierto una investigación por posible delito penal.
Irregularidades detectadas por la Inspección de Trabajo
El caso comenzó en 2022, cuando la Inspección de Trabajo detectó irregularidades fiscales en Actura 12, con un agujero de 5,9 millones de euros debido a “diferencias de cotización”. La empresa infracotizaba a músicos en conciertos por toda España, declarando salarios mínimos y categorizando el resto como dietas u otras percepciones no salariales. Esta práctica, que perjudica a los artistas y al Estado, se mantuvo durante años y afectó a decenas de miles de trabajadores del sector.
Aunque la compañía ha negado estas acusaciones en el pasado, argumentando que se trataba de discrepancias de criterio, recientemente anunció que ajustaría sus operaciones a las exigencias de la Seguridad Social a partir de 2024.
Un sistema que perjudica a músicos y al Estado
La precariedad laboral de los artistas explica el origen del problema. Muchos músicos no pueden permitirse ser autónomos debido a ingresos inestables, lo que dio lugar a la aparición de empresas de facturación como Actura 12. Estas compañías actúan como intermediarias: contratan al músico por un día, emiten la factura y cotizan solo por el salario mínimo, generando beneficios inmediatos para los artistas, pero reduciendo su protección social y el ingreso fiscal del Estado.
Algunos muestran que, mientras los artistas recibían entre 128 y 400 euros por actuación, las empresas declaraban cuotas de apenas 17 euros a la Seguridad Social. Por lo que expertos legales han calificado esta práctica de irregular y perjudicial, tachándola de “estafa” que explota la fragilidad de un sector históricamente desatendido por las instituciones.
Reacciones políticas y promesas de cambio
La polémica ha llegado al ámbito político, con preguntas parlamentarias de partidos como Junts, Esquerra Republicana y EH Bildu sobre las acciones del Gobierno para abordar el problema. Según datos oficiales, las actuaciones de la Inspección de Trabajo generaron expedientes por 27 millones de euros entre 2023 y 2024.
El sector reclama soluciones estructurales. En 2023, el Gobierno introdujo una cuota reducida para autónomos con ingresos bajos, pero muchos músicos consideran que sigue siendo insuficiente. El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha prometido ajustes en el marco del Estatuto del Artista, aunque el consenso político para implementarlos aún está lejos de alcanzarse.
La difícil realidad del sector musical
Un estudio de 2024 de la Sociedad de Artistas AIE refleja la precariedad de los músicos en España: casi la mitad tiene ingresos anuales por debajo del salario mínimo, y solo el 9% supera los 100 conciertos al año. Mientras el directo sigue siendo la principal fuente de ingresos, la falta de apoyo estructural perpetúa la fragilidad del sector.
