La responsable del Tribunal de Cuentas del juicio por delito de malversación en el 1-O y los gastos en el exterior, Elena Hernáez, ha reavivado el caso del procés, según fuentes del órgano constitucional constatadas por El Mundo. Específicamente se ha dado un plazo de 10 días al fiscal del Tribunal de Cuentas y a la acusación popular, ejercida por Sociedad Civil Catalana, para que presenten sus conclusiones antes de dictar sentencia sobre los 30 independentistas que presuntamente malversaron millones de euros en el referéndum ilegal del 1-O, en la creación de embajadas y el Diplocat.
Apertura de la fase de conclusiones
La consejera del Departamento 2º de la Sección de Enjuiciamiento, Elena Hernáez, dicta una resolución de trámite notificando al Ministerio Público y la acusación popular. Según han precisado, una vez recibida la respuesta de ambas el tribunal da traslado a las defensas para que se pronuncien.
La consejera adopta esta decisión después de que el pasado enero rechazara suspender el procedimiento por la tramitación de la proposición de ley de amnistía que pretende perdonar más 10 años de «procés», como demandaba el exvicepresidente catalán Oriol Junqueras y el resto de encausados de ERC. El Tribunal de Cuentas emplaza a la Fiscalía y a Sociedad Civil Catalana a que emitan sus conclusiones, ambas se pronunciaron en el marco de la vista del 17 de noviembre de 2023 y presentaron informes tiempo antes.
Un perjuicio estimado por Fiscalía de entorno a 3,1 millones de euros.
Fiscalía reclama 3,1 millones de euros de forma única y solidaria a los 35 encausados tras disminuir las estimaciones iniciales del propio Tribunal de Cuentas, que había previsto una responsabilidad contable de 9,5 millones de euros. Sociedad Civil Catalana, reclamará 5 millones de euros a 11 excargos del Govern incluidos en la lista del Ministerio Fiscal. Los encausados ya han aportado una fianza de cara al juicio para evitar embargos.
Artur Mas también se encuentra en las listas, ya que fue condenado por el Tribunal de Cuentas a devolver a la Generalitat unos 4,9 millones de euros (a los que se sumó más de un millón de euros en concepto de intereses) por la organización de la consulta independentista del 9 de noviembre de 2014. Entre los acusados figuran el ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont, su vicepresidente Oriol Junqueras, o los antiguos consejeros Raül Romeva y Jordi Turull.
El «lawfare» sale a pasear
El ex consejero de presidencia de la Generalitat, Francesc Homs, tras la vista celebrada el 17 de noviembre en la sede del Tribunal de Cuentas, afirmó . «Es un dislate. No tiene sustento», declaró, por su parte el abogado de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye. Éste incluso dijo que los independentistas han tenido que gastar mucho dinero en este proceso del Tribunal de Cuentas y, sin llegar a decir que forma parte del llamado lawfare, avisó de que «un día habrá que mirarlo».
El fiscal del Tribunal de Cuentas, Manuel Martín-Granizo, apoyó a Hernáez. Admitió que es probable que, con la aprobación de la la ley de amnistía, sea estéril proseguir lo que acabará con evitar que todos los encausados devuelvan el dinero público malversado. Pero respaldó que, mientras esté en tramitación la ley, se puede continuar el juicio.
