El Gobierno de España, encabezado por Pedro Sánchez, lleva meses detrás del juez Juan Carlos Peinado. Las motivaciones de esta persecución podrían estar relacionadas con la posición del magistrado, que conoce del caso de corrupción de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno.
En primer lugar, Pedro Sánchez ha interpuesto una querella por prevaricación contra el juez Juan Carlos Peinado, del Juzgado de Primera Instancia número 41 de Madrid, a través de la Abogacía del Estado. La querella alega que el juez actuó de manera injusta y arbitraria al negar la solicitud de Sánchez de declarar por escrito en una investigación contra su esposa, Begoña Gómez, por supuesto tráfico de influencias.
La Abogacía del Estado argumenta que el juez vulneró el derecho de Sánchez al obligarlo a declarar presencialmente y que la investigación debería centrarse en su rol como presidente, no como esposo de Gómez. Esta acción marca una intensificación en la estrategia del Gobierno, que hasta ahora se había limitado a críticas verbales contra el juez. Según el PSOE, que siempre sale a la defensa de su secretario general, las acciones del magistrado constituyen una “prevaricación de libro”. Sin embargo, según los socialistas, el objetivo de estas críticas no es atacar al poder judicial en su conjunto, sino denunciar una actuación arbitraria que afecta al representante del poder ejecutivo.
La querella también solicita que el juez Carlos Valle, quien rechazó la petición de la Fiscalía de permitir a Sánchez declarar por escrito, sea llamado a declarar para esclarecer si su decisión fue influenciada por el juez Peinado. El Gobierno sostiene que las decisiones judiciales no deben interferir innecesariamente en las funciones de otros poderes del Estado y subraya la posible relevancia electoral de estas resoluciones.
Ataques desde el Gobierno
El Gobierno también acusa a Peinado de ignorar deliberadamente la solicitud de Sánchez para declarar por escrito, lo que refuerza la acusación de prevaricación. Además, se ha acusado al juez de actuar con premeditación al continuar con la investigación a pesar de las objeciones legales, lo cual, según el Gobierno, muestra una actitud desafiante y desproporcionada.
El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, afirma que fuera de España nadie pregunta sobre la situación procesal del presidente del Gobierno y su familia. Además, ha denunciado «el acoso» que, a su juicio, enfrenta el presidente del Gobierno, incluyendo el proveniente del juez Peinado.
“Nadie me pregunta por estos temas en el exterior. Los españoles son conscientes de que hay un acoso de todo tipo al presidente del Gobierno”, ha planteado. Según Albares, “en un primer momento intentaron denostar sus políticas, pero como son políticas sólidas que benefician a la mayoría de los españoles, decidieron atacarle a él como persona para intentarle destruir. Pero como es una persona fuerte decidieron atacar a su familia en la mezquindaz más absoluta”, criticaba el ministro.
Ampliación de la querella
En un nuevo giro, el juez Peinado ha permitido que las partes involucradas en el caso, incluidos Manos Limpias y Vox, accedan a la grabación de la declaración de Sánchez como testigo, realizada en la Moncloa. Esta decisión le ha valido a Peinado una ampliación de la querella presentada contra él.
La Abogacía del Estado considera que esta acción contraviene la doctrina existente y representa una «injusticia intrínseca». Esta ampliación de la querella se produjo después de que el juez rechazara la solicitud de la Fiscalía de mantener la grabación en reserva, argumentando que esta carece de «utilidad material o procesal».
Peinado insinuó que del «silencio» de Sánchez durante su declaración podrían extraerse «conclusiones», lo cual ha generado más tensiones. Según la Abogacía del Estado, las decisiones de Peinado no solo son contrarias a la doctrina legal aplicable, sino que también parecen dirigidas a aumentar la cobertura mediática del caso en lugar de resolverlo judicialmente. El Gobierno acusa al juez de hacer inferencias injustificadas y de usar preceptos legales inaplicables al caso, creando un contexto desfavorable para la Presidencia del Gobierno sin aportar beneficios reales al proceso judicial.
En definitiva, el Gobierno busca defender la separación de poderes y evitar que el poder judicial interfiera en la labor del Ejecutivo, asegurando que las decisiones judiciales no afecten innecesariamente la función del gobierno.
