La situación en la prisión de Zaballa (Alava) es ya insostenible. La falta de personal, cronificada desde hace más de tres años y agravada en el último mes por la baja médica de 73 trabajadores, ha obligado a la dirección del centro penitenciario a tomar una serie de decisiones insólitas para garantizar la seguridad de la plantilla y la población interna. El responsable de la cárcel, Benito Aguirre, ha decidido cerrar el departamento de comunicaciones, lo cual implica la suspensión de las visitas a los internos tanto de familiares como de sus abogados, y el sociocultural, por lo que los presos no podrán realizar ninguna actividad educativa, de tratamiento, cultural, deportiva ni recreativa.
Una serie de medidas que previsiblemente, según ha denunciado el director ante el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 1 del País Vasco, se ampliarán en las próximas fechas, afectando también al cierre del edificio de talleres, que conllevará la suspensión de la actividad laboral y de formación para el empleo de los presos.Un déficit que justifica en «el contexto de un conflicto laboral acaecido en el proceso de negociación de las condiciones laborales del personal penitenciario de la administración vasca».
La última oferta que se puso sobre la mesa a los sindicatos el área de Prisiones, con la consejera socialista María Jesús San José al frente, provocó un hondo malestar entre el personal de las cárceles. Los equipos de San José ofrecieron una subida generalizada de salarios a todos los funcionarios, excepto a los que tienen contacto con los presos, en los módulos de interior, y que suponen prácticamente el 90% de la plantilla. Esto tuvo un efecto inmediato en la prisión de Zaballa: los empleados renunciaron a seguir haciendo jornadas extra para sacar el servicio adelante ante la falta de personal. Lo que, sumado a las bajas, ha dejado el centro en mínimos históricos.
El Gobierno vasco asumió en octubre de 2021 la competencia penitenciaria, la plantilla de la prisión de Álava se ha visto obligada de manera continua a hacer peonadas «sobrepasando los límites legales a fin de dar un servicio público de calidad y con responsabilidad». Se critica que en este periodo el departamento de Prisiones «no ha sido capaz de solucionar estas graves carencias» y ha optado por aplicar de «manera unilateral» el reglamento penitenciario «obligando a los trabajadores a realizar jornadas de 36 o 48 horas seguidas». En algunos casos, hay funcionarios que han hecho 200 horas extra en el último año.
Un sobreesfuerzo, prosiguen, que ha terminado causando el agotamiento físico y mental de la plantilla, lo que «sin duda ha provocado una disminución de la calidad del servicio penitenciario». Cabe destacar que en el último mes, un total de 73 trabajadores han pedido la baja por motivos médicos. En cualquier caso, los trabajadores entienden «que el único responsable de esta situación es la administración vasca. La no realización de horas extraordinarias debe tomarse como un derecho de los trabajadores a no ser explotados por el Gobierno Vasco y una dejadez a no dotar de personal suficiente».
El Juzgado de Vigilancia Penitenciaria ha dado respuesta a la dirección de la prisión y ha acordado abrir diligencias penales contra todos trabajadores que se encuentran de baja laboral tras los hechos denunciados por el responsable. El magistrado tilda de «preocupante, insostenible, intolerable y alarmante» la situación en la cárcel y apunta a que los funcionarios estarían perpetrando una «huelga encubierta» que, como consecuencia, «ha vulnerado los derechos de la población reclusa, por cuanto que hasta la fecha, se les esta imposibilitando la formación y educación, acudir a talleres y a mantener el contacto con el exterior, viéndose suspendidas las comunicaciones».
De este modo, «ante la urgencia y gravedad de la situación», el juez ha acordado por un lado instar a la Dirección de Justicia del Gobierno vasco a que de modo inmediato adopte medidas urgentes con el fin de evitar que se continúe vulnerando los derechos de los internos. Y por otro, que estudie la posibilidad de adoptar medidas de carácter disciplinario contra los funcionarios que «de forma consecutiva, continuada y colectiva presentaron la baja médica desde el día 4 de diciembre hasta ahora». En paralelo, denuncian fuentes penitenciarias, el ambiente en la prisión de Zaballa «es cada vez más tenso entre los reclusos» tras el cierre de los citados departamentos. «Esto es un polvorín. La cosa pinta muy mal y cualquier día puede haber un motín. Los presos se niegan a obedecer y no quieren entrar a las celdas», advierte un trabajador. Algunos han padecido incluso ataques de ansiedad en los últimos días. «El Gobierno ha decidido contratar a personal interino joven y sin apenas experiencia en los módulos de interior; si con antigüedad ya es difícil solventar estos conflictos, imagínate en estos casos».
En este escenario, pocas veces visto en una prisión española, el director espera que el centro penitenciario recupere la normalidad la próxima semana, cuando se incorporen a la plantilla otros 32 trabajadores interinos. La contratación de este personal ha sido una de las soluciones que ha utilizado en el último año la administración para hacer frente al déficit. Fuentes penitenciarias creen sin embargo que no es suficiente, menos aún cuando llegan tras haber recibido una formación previa de apenas dos semanas y necesitan una supervisión constante de los funcionarios más veteranos.
