El sector agrario español enfrenta nuevamente serias dificultades debido a la reciente implementación de la nueva directiva de emisiones industriales de la Unión Europea, que entró en vigor la semana pasada. Esta normativa, que ahora incluye a la ganadería intensiva de porcino y avicultura, exige permisos adicionales para muchas explotaciones, generando sobrecostes significativos y colocando a numerosas granjas en una situación crítica.
En los últimos meses, agricultores y ganaderos españoles han expresado su preocupación por la creciente carga burocrática y las estrictas regulaciones medioambientales que, sumadas a la competencia desleal de importadores extracomunitarios, amenazan la viabilidad del sector. Aunque el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación adoptó 43 medidas para aliviar la situación, y la Comisión Europea se comprometió a reducir la carga administrativa para el sector, la nueva directiva parece contradecir estas promesas.
La directiva actualizada tiene como objetivo reducir en un 40% las emisiones de contaminantes atmosféricos como óxidos de nitrógeno, amoniaco, mercurio, metano y dióxido de carbono para 2050, en comparación con los niveles de 2020. Para lograrlo, se exigirá que las explotaciones intensivas que superen ciertos umbrales de producción obtengan permisos específicos, lo que incrementará los costes operativos.
Las nuevas regulaciones afectan principalmente a las explotaciones con 300 cerdos o 280 aves de corral (300 si son gallinas ponedoras). Aunque las granjas extensivas y aquellas dedicadas a la cría de animales para uso doméstico están exentas, la inclusión del porcino y la avicultura en la directiva ha generado una fuerte reacción por parte de los productores. En contraste, el sector vacuno, conocido por su elevada emisión de metano, ha quedado fuera de la normativa, lo que ha suscitado críticas y acusaciones de que la decisión obedece a criterios políticos.
Miguel Ángel Higueras, director de la Asociación Nacional de Productores de Ganado Porcino (Anprogapor), considera que la directiva es desproporcionada y critica que la reducción de los umbrales de producción afectará a muchas pequeñas granjas que no estarán preparadas para cumplir con los nuevos requisitos ambientales. Según él, los sobrecostes asociados a estas regulaciones no justifican la supuesta mejora medioambiental, que sería mínima.
Por su parte, Jaume Bernis, responsable de porcino de COAG, lamenta que la directiva trate a la ganadería como una actividad industrial más, ignorando los esfuerzos previos del sector por reducir sus emisiones. Advierte que la normativa podría dejar a los ganaderos en desventaja frente a productores de terceros países, donde las regulaciones son menos estrictas.
En cuanto a la avicultura de puesta, el impacto de la directiva será más limitado, ya que muchas granjas españolas ya cumplen con los requisitos. Sin embargo, Inprovo, la Organización Interprofesional del Huevo y sus Productos, ha señalado que la nueva legislación traerá consigo una mayor carga administrativa, lo que podría complicar la situación para algunas explotaciones.
Finalmente, en el sector minero, la directiva afectará únicamente a una pequeña parte de la industria extractiva. Según César Luaces, director general de la Confederación Española de las Industrias de las Materias Primas Minerales (Primigea), aunque el impacto es limitado, la normativa introduce una carga burocrática redundante para un sector que ya cumple con estrictas regulaciones ambientales.
