Sumar y el PSOE han acordado desbloquear una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que propone regularizar a 500.000 migrantes que ya viven y trabajan en España. La medida busca ofrecer derechos laborales y sociales a estas personas, en su mayoría en situación irregular, promoviendo su integración en la sociedad. Esta ILP ha sido impulsada por movimientos sociales y cuenta con el apoyo de varios partidos políticos. El acuerdo forma parte de las negociaciones para asegurar la investidura del presidente en funciones, Pedro Sánchez. El desbloqueo de esta iniciativa puede tener diversas repercusiones negativas, entre las que se encuentran:
Aumento de la presión sobre la seguridad social y la administración
En primer lugar, podría aumentar la presión sobre el sistema de bienestar social, especialmente en términos de servicios de salud, educación y vivienda, dado que se requerirán más recursos públicos para atender a un mayor número de personas. Además, regularizar a un gran número de inmigrantes podría estimular la llegada de más inmigrantes indocumentados que ven en la regularización una posibilidad realista, lo que podría generar un efecto llamada. Este fenómeno podría poner en riesgo la gestión fronteriza y los controles migratorios, complicando aún más la situación de los inmigrantes que buscan ingresar de forma legal.
En este mismo sentido, esta medida puede tener repercusiones legales y administrativas. El proceso de regularización podría sobrecargar el sistema burocrático, retrasando aún más otros procedimientos legales de inmigración. La administración de justicia y los recursos legales también podrían verse afectados, al verse obligados a gestionar una cantidad considerable de nuevas solicitudes y procedimientos de regularización.
Aumento de la competencia en el mercado laboral
Otra consecuencia adversa es el impacto en el mercado laboral. Si bien la medida busca dar derechos a quienes ya están trabajando en sectores informales, algunos argumentan que la regularización masiva podría generar una mayor competencia por empleos, afectando especialmente a los trabajadores nacionales con bajos niveles de cualificación. Esto podría resultar en un aumento del desempleo en sectores sensibles, donde el empleo informal ya tiene un impacto significativo.
Tensiones sociales y políticas
La percepción social también es un aspecto a considerar. Una regularización masiva podría aumentar tensiones sociales y políticas, dado que algunos sectores de la población pueden ver la medida como una amenaza a su bienestar o una preferencia injusta por parte del gobierno hacia los inmigrantes en lugar de los ciudadanos locales. Estas tensiones podrían aumentar el apoyo a partidos políticos y movimientos contrarios a la inmigración, lo que polarizaría aún más el debate político en el país.
Por todo lo anterior, a pesar de los beneficios potenciales en términos de integración y derechos humanos, las consecuencias negativas de regularizar a 500.000 inmigrantes incluyen la presión sobre los servicios públicos, un posible aumento del desempleo, tensiones sociales y una posible sobrecarga administrativa, que pueden tener efectos duraderos tanto en el sistema económico como en el político-social de España.
