Luis Pérez, conocido como Alvise y líder del partido Se Acabó La Fiesta (SALF), se encuentra en el centro de cinco investigaciones que podrían llevarle ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Como eurodiputado, goza de aforamiento, lo que complica su situación legal. Entre los casos que lo involucran se encuentra una denuncia de financiación irregular relacionada con una donación de 100.000 euros en efectivo que el empresario de criptomonedas Álvaro Romillo confesó haberle entregado para financiar su campaña al Parlamento Europeo.
Financiación irregular y estafa
El caso comenzó con una autodenuncia del propio Romillo, quien presentó conversaciones y audios que vinculan a Alvise pidiéndole fondos para su campaña y agradeciendo su contribución tras obtener tres escaños en las elecciones del 9 de junio. La Fiscalía del Tribunal Supremo está evaluando las pruebas, y en los próximos días decidirá si procede con la investigación por indicios de financiación ilegal.
Paralelamente, Romillo también está envuelto en una investigación por presunta estafa tras el cierre abrupto de su empresa Madeira Invest Club, que ha afectado a varios cientos de inversores. Una de las plataformas de afectados ha denunciado al político, alegando que promocionó el negocio de criptomonedas. Este caso podría elevarse al Tribunal Supremo, mientras que otra plataforma de afectados, gestionada por Zaballos Abogados, descarta por ahora la implicación directa del líder de SALF.
Acusaciones de amenazas y revelación de secretos
Otro de los frentes judiciales está relacionado con una querella presentada por Rubén Sánchez, secretario general de Facua, por calumnias. La juez que instruye el caso en Sevilla remitió el 22 de agosto los detalles a la Fiscalía del Supremo, tras considerar que los mensajes publicados en redes sociales podían constituir amenazas hacia su persona. Estos mensajes, difundidos en un grupo de Telegram, se emitieron después de que la juez dictara un auto para localizar a Vito Quiles, candidato de SALF al Parlamento Europeo.
El político publicó que daba «24 horas» a la juez para corregir su postura, insinuando que la resolución del auto había sido producto de su intervención. La jueza, al conocer el contenido de estos mensajes, envió la documentación a la Fiscalía del Supremo, aunque hasta el momento no ha habido avances en este caso.
Fotografía de la hija de Pedro Sánchez
La semana pasada, la Audiencia Provincial de Sevilla ordenó reabrir una causa contra Alvise por la publicación en Telegram de una fotografía de la hija del presidente Pedro Sánchez, obtenida de manera ilícita. La diferencia entre este caso y el archivo inicial de la causa es que, en la actualidad, ostenta el cargo de eurodiputado, lo que obliga a que el asunto se eleve al Tribunal Supremo.
Caso Kitchen y revelación de secretos
Otro caso pendiente involucra una querella por revelación de secretos presentada por Francisco Martínez, exsecretario de Estado de Seguridad. La denuncia se refiere a la publicación en Telegram de información obtenida del volcado del teléfono móvil de Martínez en el marco del caso Kitchen. Aunque inicialmente se presentó ante el juez Manuel García-Castellón en la Audiencia Nacional, el magistrado declinó su competencia y remitió el caso a los juzgados de Madrid, donde ya se ha iniciado la investigación.
Estas investigaciones representan una creciente presión judicial del político cuyas acciones han desencadenado procedimientos en diversas instancias, incluidas las más altas cortes españolas.
