Imagen: fotografía de Pedro Sánchez y su equipo
La agenda política de España estará fuertemente influenciada en 2025 por el avance de varias investigaciones judiciales que involucran a figuras clave del actual Gobierno. Los tribunales se preparan para abordar casos de corrupción política que podrían poner en el centro de la polémica a altos cargos del Ejecutivo, entre ellos el exministro José Luis Ábalos, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y la esposa del presidente, Begoña Gómez. Además, la lista de implicados podría ampliarse a lo largo del año.
El caso Koldo: epicentro de las investigaciones
Uno de los procedimientos más relevantes es el conocido como caso Koldo, investigado por el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional. Este caso involucra al exministro de Transportes José Luis Ábalos, señalado por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y malversación de fondos públicos. Según el juez instructor Leopoldo Puente, existen «indicios cualificados» de que Ábalos, aprovechándose de su posición ministerial, habría influido en la adjudicación de contratos públicos durante la pandemia de Covid-19 para obtener beneficios económicos personales.
El próximo 13 de enero, Ábalos deberá presentar alegaciones ante la Comisión del Estatuto del Diputado, que evaluará la solicitud de suplicatorio remitida por el Supremo. En paralelo, Koldo García, exasesor del exministro, sigue siendo una figura clave en el caso. Aunque ha negado las acusaciones en su comparecencia, los investigadores perciben su estrategia como una forma de proteger a Ábalos, generando sospechas sobre un posible pacto de no agresión.
Víctor de Aldama y nuevas revelaciones
Otro actor crucial es el empresario Víctor de Aldama, quien ha decidido colaborar con la Justicia, aportando pruebas que complican la situación de varios miembros del entorno gubernamental. Según sus declaraciones, figuras como Carlos Moreno, jefe de gabinete de la vicepresidenta María Jesús Montero, y Santos Cerdán, secretario de organización del PSOE, habrían recibido comisiones ilegales. Aldama también señala al ministro Ángel Víctor Torres, aunque asegura que este último no llegó a cobrar lo exigido.
De forma paralela, Aldama está implicado en la llamada trama de los hidrocarburos, donde se investiga a empresarios que habrían entregado dinero en efectivo al PSOE. Las pruebas aportadas sitúan al empresario como el «nexo conductor» de estas tramas.
El fiscal general del Estado y Begoña Gómez
El Tribunal Supremo también avanza en la causa contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, imputado por un presunto delito de revelación de secretos. Las investigaciones se centran en la supuesta filtración de datos reservados relacionados con la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. En enero, varias figuras clave, incluyendo periodistas y fiscales, han sido citadas a declarar, mientras que la posible imputación del fiscal general marcaría un hecho sin precedentes en la democracia española.
Por otro lado, Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez, enfrenta una investigación por tráfico de influencias, corrupción en el sector privado, apropiación indebida e intrusismo profesional. La causa analiza su papel en contratos públicos durante la pandemia y su actividad en la Universidad Complutense de Madrid. Entre las diligencias destacadas, representantes de empresas como Indra, Google y Telefónica han sido llamados a declarar.
El hermano del presidente en el foco
El próximo 9 de enero, David Sánchez, hermano del presidente, declarará como investigado en una causa que estudia posibles delitos de tráfico de influencias, malversación y prevaricación. Aunque no se ha encontrado evidencia de enriquecimiento patrimonial injustificado, las pesquisas ahora se centran en determinar si obtuvo ventajas indebidas en contrataciones públicas en Extremadura.
