La Comunidad de Madrid prevé que los primeros menores extranjeros no acompañados lleguen al centro de acogida de La Cantueña, ubicado en Fuenlabrada, durante el mes de septiembre. Esta información fue confirmada por Ana Dávila, consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, quien señaló que las obras en el centro deberían estar completadas a lo largo del mes, permitiendo así el inicio de la recepción de los menores.
El proyecto ha estado envuelto en polémica debido a un conflicto entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Fuenlabrada. Recientemente, el Ayuntamiento decidió cancelar el acuerdo de cesión del centro a la Comunidad y revertir su titularidad. Esta decisión fue recurrida por la Administración regional en los tribunales, y un juez ha emitido una suspensión temporal de la reversión.
Durante una visita al Centro de Emergencia Social gestionado por Cruz Roja en el barrio de San Blas en Madrid, Dávila abordó la problemática que existe en torno al proyecto.
La consejera criticó al alcalde de Fuenlabrada, Javier Ayala, del PSOE, por lo que ella percibe como una actitud obstructiva hacia el proyecto. Dávila acusó a Ayala de mostrar «inquina» hacia los menores y de poner trabas administrativas para evitar que el centro opere en su municipio.
La consejera interpretó estas acciones como una negativa a aceptar a los menores en Fuenlabrada y expresó su descontento con la postura del alcalde, subrayando que la región tiene una «obligación legal y moral» de atender a los menores extranjeros no acompañados.
En este contexto, ha criticado la «inacción» y el «descontrol» del Gobierno de España frente a la crisis migratoria actual, enfatizando que la Comunidad necesita más recursos para manejar la situación.
La Comunidad de Madrid ha destinado 18,7 millones de euros para habilitar el centro de menores en La Cantueña, que contará con 96 plazas. Este centro ha sido objeto de controversia con el alcalde de Fuenlabrada, quien se opone al proyecto. El alcalde por su parte ha criticado el modelo del centro y ha argumentado que lo que se está creando es un «contenedor» para menores, así se comienza el conflicto entre las autoridades locales y regionales.
