La sesión del pleno municipal de Chamberí se vio marcada por la controversia surgida a raíz de las obras realizadas sin licencia en la vivienda de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso. El concejal Antonio Giraldo, del Grupo Municipal Socialista, planteó la cuestión al concejal presidente, Jaime González Taboada (PP), sobre las medidas adoptadas por la Junta Municipal para asegurar el cumplimiento de la normativa urbanística en la residencia propiedad de Alberto González Amador, pareja de Ayuso y acusado de fraude fiscal.
Compromiso del PP
Tras algunas evasivas por parte de González Taboada, finalmente se comprometió a llevar a cabo una inspección en la propiedad de Ayuso, siguiendo los procedimientos establecidos por la ley para todos los ciudadanos. Esta declaración se produjo después de persistentes preguntas tanto del grupo socialista como de Más Madrid.
Preguntas de Más Madrid y PSOE
Previamente, Más Madrid también había interpelado al concejal presidente sobre el mismo tema, pero este último se abstuvo de ofrecer detalles sobre cualquier intervención realizada hasta la fecha en la vivienda de Ayuso y González Amador, argumentando restricciones legales relacionadas con la protección de datos personales.
El Grupo Municipal Socialista cuestionó la aparente falta de acción por parte de las autoridades durante un periodo prolongado, mientras las obras continuaban en la propiedad. González Taboada evitó comentar sobre lo sucedido antes de que se revelara públicamente que las obras continuaron a pesar de dos órdenes de cese emitidas por el Ayuntamiento de Madrid.
Además de las interrogantes sobre las obras ilegales, el grupo socialista también preguntó por los motivos detrás del relevo del concejal presidente de Chamberí y la coordinadora del distrito, así como si se planea iniciar un proceso sancionatorio.
La residencia de Ayuso
Las reformas en la residencia comenzaron en agosto de 2022, pero fueron detenidas en dos ocasiones por falta de documentación adecuada. A pesar de las órdenes de cese, las obras continuaron, lo que resultó en problemas como inundaciones en un restaurante cercano, que finalmente cerró debido a la situación económica desencadenada.
La vivienda en cuestión fue adquirida por González Amador, poco después de que confesara un presunto fraude fiscal de 350.000 euros.
Otras infracciones en la ciudad
El concejal presidente destacó la apertura de 251 expedientes por infracciones urbanísticas en 2023, asegurando que cada uno de ellos fue acompañado por informes técnicos y visitas de inspección, procedimiento que, según afirmó, se seguirá también en el caso de la residencia de la líder regional.
