Las expectativas de aprobar los Presupuestos Generales del Estado para 2025 se han desvanecido debido a la actual debilidad parlamentaria, obligando al Ejecutivo a preparar un discurso que evite la percepción de que este revés podría precipitar nuevas elecciones.
La situación política en el país ya era pesimista antes de la reciente decisión de Junts de tumbar el techo de gasto y los objetivos de estabilidad. Esta acción confirmó las malas previsiones y consolidó la imposibilidad de sacar adelante los nuevos presupuestos. Moncloa y el Ministerio de Hacienda, liderados por la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, han intentado mantener una expectativa de éxito hasta el último momento, pero la realidad política ha demostrado ser insuperable.
En marzo de este año, María Jesús Montero anunció que el adelanto de las elecciones catalanas había alterado los planes del Gobierno, afectando la posibilidad de presentar los Presupuestos para 2024. En una entrevista con la Cadena Ser, Montero explicó que, debido a esta alteración, se aprovecharía el trabajo técnico y los preacuerdos existentes con la mayoría de las formaciones políticas como punto de partida para los presupuestos de 2025. Sin embargo, este optimismo inicial no se ha traducido en una realidad favorable.
Prórroga Automática
El artículo 134 de la Constitución Española establece la prórroga automática de los Presupuestos Generales del Estado si no se aprueban nuevas cuentas antes del 1 de enero. Esta medida ya se aplicó para el ejercicio 2024 debido a la convocatoria de las elecciones generales y la posterior investidura de Pedro Sánchez en noviembre de 2023. Para el Gobierno, esta no es una situación inédita. En 2018, los presupuestos elaborados por el PP y aprobados por el PSOE tras la moción de censura se prorrogaron durante dos años consecutivos, hasta el 31 de diciembre de 2020.
Consecuencias Políticas
La incapacidad para aprobar nuevos presupuestos es un reflejo de la debilidad del Gobierno de Sánchez, que se agrava aún más con la retirada del apoyo de Junts. Esto dificulta la producción legislativa y la implementación de soluciones a problemas críticos como la financiación autonómica y la inmigración. Además, el Gobierno se enfrenta a la oposición de la mayoría de las comunidades autónomas, lo que complica aún más su capacidad de gobernar.
Los socios parlamentarios del Gobierno consideran que Sánchez podría mantener su posición hasta la primavera próxima, pero no más allá. La dependencia del apoyo de Junts, liderado por Carles Puigdemont, es especialmente problemática. Puigdemont tiene la capacidad de precipitar el fin de la legislatura, y con Junts en la oposición, las opciones de supervivencia del Gobierno se reducen significativamente.
A pesar de la adversidad, el Gobierno intenta vender un discurso que minimice el impacto de la prórroga de los presupuestos, argumentando que mantener unos presupuestos no restrictivos en el gasto no es necesariamente negativo. No obstante, la realidad es que la falta de una mayoría de gobierno limita la capacidad de aprobar nuevas leyes y abordar problemas urgentes.
Pedro Sánchez ha realizado visitas estratégicas a Cataluña y el País Vasco, interpretadas como un tanteo preventivo en sus principales bastiones electorales. Con todos los escenarios posibles, incluyendo una convocatoria electoral en otoño. Sin embargo, las encuestas actuales no favorecen ni a Sánchez ni a Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, para consolidar el control del Gobierno o sacar adelante una moción de censura.
