El Gobierno de Pedro Sánchez ha logrado que el catalán sea reconocido como “Otra Lengua Nacional” (OLN) en las Escuelas Europeas, lo que permitirá su enseñanza en varios centros repartidos por las capitales comunitarias. El acuerdo fue cerrado este miércoles por la Junta de Gobernadores de estas escuelas en Chipre, aunque con una condición clara: España deberá asumir todo el coste del programa para preservar la neutralidad presupuestaria del sistema educativo europeo.
El Ministerio de Asuntos Exteriores confirmó que se hará cargo de los salarios de los profesores y de cualquier otro gasto derivado. Esta decisión se inscribe dentro del acuerdo de investidura entre el PSOE y Junts, que incluyó el compromiso de impulsar el uso del catalán en las instituciones europeas. Aunque el plan aún está en fase preliminar, marca un avance en la estrategia del Ejecutivo para dar visibilidad institucional a las lenguas cooficiales.
Sin precedentes ni oficialidad europea
A pesar de su aprobación en el ámbito educativo, el reconocimiento del catalán como OLN no implica que se convierta en lengua oficial de la UE, y no sienta precedente para otras lenguas. De hecho, tanto el euskera como el gallego han quedado fuera del plan, aunque el Gobierno ha dejado abierta la posibilidad de ampliar el programa en el futuro.
Este estatus coloca al catalán en la misma categoría que lenguas como el gaélico irlandés o el maltés, que ya se imparten en estas escuelas, orientadas principalmente a los hijos del funcionariado europeo. El objetivo es que los alumnos españoles puedan recibir clases en catalán independientemente de la sección lingüística a la que pertenezcan.
Un compromiso político con sello catalán
El impulso de esta medida responde al acuerdo político entre el PSOE y Junts, formación que exigió avances concretos en el reconocimiento del catalán como parte de su apoyo a la investidura de Pedro Sánchez. Durante la presidencia española del Consejo de la UE, el Ejecutivo ya había intentado avanzar en este frente, proponiendo una estrategia gradual: comenzar con el ámbito educativo para más adelante buscar su oficialidad plena.
Sin embargo, la oficialidad del catalán, euskera y gallego en la UE requiere unanimidad entre los Veintisiete, algo que por ahora no ha sido posible. Varios países han mostrado reticencias y han pedido informes jurídicos y de impacto antes de dar cualquier paso.
El Ejecutivo ha insistido en que existen precedentes que avalan este tipo de acuerdos, como ocurre en el Comité de las Regiones o la Comisión Europea, donde ya se permite el uso de lenguas regionales. En esa línea, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha solicitado a la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, que se permita también su uso en los debates plenarios de la Eurocámara. Pero por ahora, la petición sigue pendiente de resolución y sin una fecha concreta.
Un paso más en la política lingüística del Gobierno
Esta decisión se suma a otras iniciativas recientes como la creación de un nuevo canal en catalán por parte de RTVE, dirigido por el periodista Oriol Nolis, y propuestas para que la ONU proteja el catalán y el euskera dentro de la Agenda 2030.
