El ente público Red.es, bajo el auspicio del Gobierno, organizó un encuentro sobre digitalización el 20 de mayo de 2020. En este evento, destacó la participación de la consultora Barrabés, cuyo propietario, Carlos Barrabés, está vinculado al máster de Transformación Social Competitiva dirigido por Begoña Gómez en la Universidad Complutense de Madrid.
Este encuentro tuvo lugar poco antes de que Red.es convocara la licitación para contratar un servicio de formación para el empleo juvenil en la economía digital, el 8 de junio de 2020. La UTE Innova Next-The Valley, en la que Barrabés tenía participación, se presentó a uno de los lotes con un presupuesto base de 7,7 millones de euros y finalmente ganó el contrato.
Relación entre Barrabés y Begoña Gómez
La relación entre Barrabés y Begoña Gómez se remonta a eventos previos, donde la esposa del presidente del Gobierno participó en actividades organizadas por la consultora. Esta relación culminó en la creación del máster mencionado en la Universidad Complutense de Madrid, donde Barrabés desempeñó un papel clave en su contenido y actualmente forma parte del claustro de profesores.
Mientras se desarrollaba esta colaboración, Barrabés también concurría al contrato público del Gobierno. Se ha informado que la UTE entregó una carta de apoyo firmada por Begoña Gómez en julio de 2020 para respaldar sus opciones en el proceso de licitación. Esta carta sirvió como aval y la UTE finalmente ganó los dos lotes a los que se presentó, con un valor total de 10,2 millones de euros.
La tramitación del contrato adjudicado a la UTE recomendada por la esposa de Pedro Sánchez ha sido defendida por Red.es, asegurando que se realizó conforme a la legislación vigente y con altos estándares de transparencia.
El Partido Popular ha solicitado al Gobierno que remita el expediente completo de adjudicación de los 7 millones de euros, después de conocerse la intervención de Begoña Gómez en el proceso.
La promoción del socio de Begoña Gómez por parte del Gobierno días antes de la licitación del contrato de 7 millones de euros ha suscitado controversia y ha generado preguntas sobre la transparencia en los procesos de contratación pública.
