El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha lanzado duras críticas contra el Tribunal Supremo por su negativa a amnistiar el delito de malversación imputado al expresidente catalán Carles Puigdemont en el marco de la causa del procés. Según Puente, la acusación de malversación no tiene fundamento alguno, dado que los independentistas financiaron de su propio bolsillo los costos asociados a la campaña independentista y al referéndum ilegal, evitando así el uso indebido de fondos públicos. A pesar de estas declaraciones, el ministro evitó mencionar directamente al Tribunal Supremo o al magistrado encargado del caso, Pablo Llarena.
Puente quiso resaltar que los jueces deben interpretar las leyes en consonancia con su redacción literal, refiriéndose en particular a la Ley de Amnistía. «Nosotros promulgamos una ley con un tenor literal muy claro, y los tribunales no pueden extralimitarse en su interpretación», argumentó. El ministro también expresó su esperanza de que el Tribunal Constitucional intervenga para corregir la decisión del Supremo y aseguró que «lo único que van a conseguir de esta manera es retrasar la implantación y la implementación de una Ley de Amnistía que es clara, que es terminante y que debería haber puesto punto y final a la cuestión judicial» del ‘procés’.
En sus declaraciones, Puente defendió la amnistía para Puigdemont, pero no dejó de criticar el comportamiento del expresident, refiriéndose a su reciente aparición y posterior huida de Barcelona como una «performance de aparición y desaparición». El ministro enfatizó que no se puede responsabilizar al Gobierno de España por la nueva huida de Puigdemont, ya que, según él, la responsabilidad recae en los Mossos d’Esquadra y la Generalitat de Cataluña. «La responsabilidad de todo el mecanismo de seguridad que se habilitó es de la Generalitat», afirmó en su intento de lanzar balones fuera.
Puente también abordó las dificultades inherentes a controlar la entrada de Puigdemont en España, especialmente en un contexto en el que Cataluña está integrada en el espacio Schengen. «Porque se habla del Estado, pero es que el Estado lo único que tiene en este momento en Cataluña es el control de fronteras y, claro, estamos en un país que está en el espacio Schengen con Francia y, por tanto, los desplazamientos entre fronteras, entre Francia y España, son desplazamientos completamente libres«, ha añadido.
Estas declaraciones de Óscar Puente reflejan la creciente tensión entre el Gobierno español y el Poder Judicial en torno a la aplicación de la Ley de Amnistía, una medida polémica que ha sido objeto de intenso debate y que actualmente se encuentra frenada por el Tribunal Supremo al considerarla inconstitucional, cuestión que solo se resolverá tras la intervención del Tribunal Constitucional.
