El PSOE, Sumar y Coalición Canaria han registrado una reforma de la Ley de Extranjería en respuesta a la crisis migratoria que vive Canarias. Con más de 6,000 menores extranjeros no acompañados en su territorio, la región se encuentra en una situación crítica al tener capacidad para albergar solo a 2,000 menores. La iniciativa surge sin esperar al PP, que decidió aplazar el debate sobre esta norma la semana pasada.
La reforma se centra en el artículo 35 de la Ley de Extranjería, introduciendo el concepto de «situación de contingencia migratoria extraordinaria» para Canarias, Ceuta y Melilla. Este estado se activará cuando el número de menores no acompañados supere el 150% de las plazas disponibles en el sistema. Actualmente, Canarias tiene reconocidas 2,000 plazas, por lo que la sobreocupación se establece en 3,000 menores. Sin embargo, la cifra actual ronda los 6,000 menores, triplicando su capacidad.
Melilla, con 166 plazas, alcanzaría la saturación a los 249 menores, mientras que Ceuta, con 88 plazas, lo haría a los 132. En cada una de las ciudades autónomas, la cifra actual de menores no acompañados es de alrededor de 400, muy por encima de su capacidad de acogida.
La ley propone que, al darse una situación de «contingencia migratoria extraordinaria», los menores que superen el límite de sobreocupación en estos tres territorios sean derivados a otras comunidades autónomas. Este proceso de reubicación debe completarse en el plazo de un año desde la aprobación de la ley.
La conferencia sectorial de Infancia y Adolescencia, que incluye al Gobierno y a las autonomías, acordará los criterios para la distribución de los menores. Si no se establece un nuevo modelo de gestión en tres meses, se utilizarán las normas pactadas en 2022 para realizar el reparto.
Además, la ley contempla que los menores extranjeros seguirán llegando a Canarias, Ceuta y Melilla en los próximos años. Por ello, establece que estos menores deben ser inscritos de inmediato en el Registro de Menores Extranjeros No Acompañados y derivados a otra comunidad en un plazo de 15 días. En caso de dudas sobre la edad del menor, serán las autonomías receptoras las encargadas de realizar las comprobaciones.
El PP retira su apoyo en el último momento a la propuesta del PSOE
Una cuestión fundamental en el debate ha sido la financiación del reparto de menores, un punto clave para las comunidades autónomas gobernadas por el PP. La propuesta de PSOE, Sumar y Coalición Canaria establece que la conferencia sectorial de Infancia y Adolescencia deberá acordar un sistema de financiación para este proceso. Este sistema de financiación es crucial para asegurar que las comunidades autónomas puedan asumir la responsabilidad de acoger a los menores de manera efectiva y sostenible.
La reforma de la Ley de Extranjería llega en un momento de gran tensión migratoria en Canarias, donde la sobreocupación de menores no acompañados ha generado preocupaciones tanto a nivel local como nacional. Fernando Clavijo, presidente del archipiélago y miembro de Coalición Canaria, ha sido uno de los impulsores clave de esta reforma, buscando aliviar la presión sobre su territorio.
La decisión de PSOE, Sumar y Coalición Canaria de avanzar con esta reforma sin esperar al PP refleja la urgencia de abordar la crisis migratoria en Canarias. Con la nueva ley, se espera una mejor gestión de los flujos migratorios y una distribución más equitativa de los menores no acompañados entre las comunidades autónomas, garantizando su bienestar y seguridad.
