El presidente del Gobierno, ha decidido ampliar la querella por prevaricación contra el juez Juan Carlos Peinado, quien está a cargo de la investigación que involucra a su esposa, Begoña Gómez, por presunta corrupción y tráfico de influencias. Esta decisión se tomó después de que el magistrado permitiese que las partes personadas en la causa accedieran a la grabación de la declaración de Sánchez como testigo, lo que ha sido interpretado por la Abogacía General del Estado como una acción que «contraviene la doctrina existente» y representa una «injusticia intrínseca».
La querella inicial fue presentada a finales de julio, pero se ha visto reforzada tras los recientes acontecimientos. El detonante de esta ampliación fue la decisión del juez Peinado, el pasado 22 de agosto, de permitir que las partes involucradas, entre ellas los colectivos Manos Limpias y Vox, accedieran al vídeo de la declaración de Pedro Sánchez, realizada en el Palacio de La Moncloa el 30 de julio. En dicha ocasión, Sánchez decidió acogerse al artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que lo exime de declarar en calidad de cónyuge de la investigada.
El juez Peinado rechazó la solicitud de la Fiscalía de impedir el acceso a dicha grabación, argumentando que la misma «carece de cualquier utilidad, material o procesal». Esta negativa, según la Abogacía del Estado, tiene como único fin darle publicidad a un asunto que debería estar protegido bajo un régimen de discreción, especialmente tratándose de la Presidencia del Gobierno. El magistrado, además, señaló en su resolución que del «silencio» de Sánchez se podrían extraer «conclusiones», lo que incrementó la tensión sobre el enfoque adoptado por el juez en este caso.
En el escrito presentado por la Abogacía General del Estado, se argumenta que las decisiones del juez Peinado no solo son contrarias a la doctrina legal aplicable, sino que también buscan forzar la puesta a disposición de las partes de una grabación que, según la Abogacía, no debería existir, ya que la declaración de Sánchez debería haberse realizado por escrito. La Abogacía señala que las actuaciones del juez están orientadas más hacia la difusión mediática del caso que hacia su resolución procesal.
El escrito de la Abogacía alega que las interpretaciones realizadas por Peinado son «forzadas o artificiosas», y que en lugar de seguir una lógica procesal, se están haciendo inferencias injustificadas basadas en preceptos legales que no aplican al caso en cuestión. Según la Abogacía, estas acciones buscan crear un contexto desfavorable para la Presidencia del Gobierno, sin aportar ningún beneficio real al proceso judicial.
